La Audiencia Nacional retoma este lunes el juicio a la familia Pujol Ferrusola y nueve empresarios, acusados de corrupción política y de ocultar supuestas comisiones ilegales en Andorra. De lunes a jueves se ha programado el interrogatorio de 47 nuevos testigos. Uno de clave es el de Esteban Urreiztieta, subdirector del diario El Mundo, que el 7 de julio de 2014 publicó las cuentas que los siete hijos del president Jordi Pujol (él no era titular de ninguna) y su mujer tenían en Andorra sin declarar a Hacienda de 1992 a 2014. El conocido pantallazo de las cuentas de los Pujol es la primera irregularidad denunciada por las defensas sobre esta investigación, que aseguran que fue “filtrada” por la policía patriótica del PP, tal como ha admitido el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que al final, el tribunal ha aceptado que declare en el juicio como testigo. El periodista del periódico español se puede acoger al secreto profesional para no difundir quien les dio estos datos reservados, tal como hicieron un grupo de periodistas en el juicio al entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por revelar datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Los redactores negaros que García Ortiz fuera su fuente.
Las defensas afirman que el origen de la investigación a la familia Pujol fue impulsada “al margen de toda legalidad procesal” por parte de un grupo de cargos de la policía española, que después validó la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional. La publicación de los movimientos de traspaso de cuentas desde Andbank a la Banca Privada de Andorra (BPA), de seis hijos y de Marta Ferrusola, fallecida en 2024, provocó que días después, el 25 de julio, el president Pujol confesara la existencia de estos fondos y que provenían de la herencia de su padre a sus hijos y mujer. La Fiscalía, sin embargo, insiste en que son fondos ilegales, cobrados a empresarios a cambio de adjudicaciones públicas; extremo que aún no se ha probado en el juicio.
La declaración del cargo de El Mundo se ha programado en la sesión del jueves, y el abogado del Estado ya defendió su actuación, apelando a “la libertad de información”. Sin embargo, el representante de la Hacienda pública -como se presenta a los testigos- nada ha dicho sobre la sospecha que el diario españolista fue ayudado por la policía del PP en su cruzada contra los políticos catalanes y rivales, como ya se ha demostrado con Podemos y las piezas del caso Tándem.
El puerto de Tarragona y CiU
Este lunes, en la novena sesión del juicio, declararán testigos relacionados con los negocios de Jordi Pujol Ferrusola, como en los primeros días. El único cambio de esta semana es que las sesiones se harán en la sede central de la Audiencia Nacional, en la calle García Gutiérrez de Madrid, y no en la sede de San Fernando de Henares. El martes, se han citado más testigos relacionados con la inversión inmobiliaria en México, Azul de Cortés, donde Jordi Pujol Ferrusola y el entonces presidente de Isolux Corsán, Luis Delso, que también es juzgado, ganaron una buena tajada de millones: el hijo mayor de Pujol, de una inversión de 2 millones a 12, y Delso y otro directivo, José Gomis, de 10 millones a 60, según explicaron en la vista, además de asegurar que eran negocios “reales y legales”.
La sorpresa, reconocida por algunos testigos, es que no hicieron ningún contrato con el hijo mayor de Pujol, era un intermediario que les informaba de proyectos; de palabra. Para a Fiscalía Anticorrupción, son “contrataciones ficticias” para tapar las comisiones.
En la sesión del miércoles y jueves, se han programado testimonios sobre la inversión en el puerto de Tarragona. Un testigo destacado será Lluís Badía Chancho, presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona de 1996 a 2004, y senador por CiU entre los años 2004 y 2008.
En el escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que Badía ayudó a Jordi Pujol Ferrusola a cobrar una comisión, cuando la sociedad Euroenergo España, de Igor Mozgovoy Mozgova (también citado como testigo), fue beneficiaria de adjudicaciones en el Puerto de Tarragona, en el año 1998. Además, sostiene que Badia, “amigo de partido” pagó a Pujol Júnior, a través de su despacho, unos 12.040 euros en 2008 por su asesoramiento en inversiones en la república de México.
Por el contrario, la defensa, ejercida por Cristóbal Martell, aclara, en su escrito, que el pago de 9 millones de pesetas de las cuentas de Mozgovoy a Pujol Júnior no es por haber conseguido un parque de almacenamiento de hidrocarburos en el Puerto de Tarragona. Además, añade que fue una adjudicación aprobada “por unanimidad” por el consejo de administración del puerto, formado por representantes del Estado. El pago, según la defensa, es el retorno a Pujol de un préstamo que dejó a Xavier Plana Bassols (también citado como testigo), de la mercantil Gestión por Objetivos, y se lo abonó Euroenergo España. “Es una estructura triangular de pago por tercero prevista por el Código Civil”, concluye la defensa.