24 horas después de la entrada de la UCO en la sede del PSOE en la investigación de una presunta trama financiada por el partido para “desestabilizar de manera sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Govern”, comienza en la Audiencia de Badajoz el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez. Un juicio que dirimirá durante la próxima semana si la contratación de David Sánchez el año 2017 en la Diputación de Badajoz como coordinador de actividades musicales de los conservatorios cumplió todos los requisitos legales o fue un caso de presunto enchufismo.
David Sánchez y otros diez investigados, entre ellos el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, están acusados de los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Las acusaciones populares han solicitado tres años de prisión y 12 de inhabilitación para David Sánchez, mientras que la Fiscalía pide la absolución de todos los investigados. El juicio cuenta con siete acusaciones populares, que son, además de los partidos PP y Vox, las organizaciones Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Asociación Liberum e Iustitia Europa. El hermano de Pedro Sánchez ha llegado poco antes de las diez de la mañana a la sede de la Audiencia de Badajoz, a la que ha accedido por la puerta trasera para evitar a los medios de comunicación.
Cuestiones previas
El juicio estará marcado tanto este jueves como el viernes por las cuestiones previas que las partes —los abogados de los once acusados y los letrados de las siete acusaciones populares— tienen previsto elevar al tribunal, formado por los magistrados José Antonio Patrocinio Pérez, Dolores Fernández y Emilio Serrano. El hecho de que la Audiencia haya destinado dos días a esta cuestión revela que serán muchas las cuestiones que se elevarán relacionadas con posibles vulneraciones de derechos fundamentales, consideraciones sobre el contenido de las pruebas y la finalidad de las mismas, propuestas de más pruebas, posible falta de competencia e incluso peticiones de nulidad de determinadas actuaciones.
La jueza instructora Beatriz Biedma sostiene en el escrito de acusación que hay indicios suficientes sobre "el presunto carácter delictivo" de las conductas imputadas a David Sánchez y el resto de procesados, una exposición que fue ratificada por la Audiencia de Badajoz hace ahora un año. La Audiencia consideró que la propuesta de creación de la plaza de coordinador de actividades entre los conservatorios, que fue adjudicada a David Sánchez entre 2016 y 2017, no estaba justificada ni que fuera personal de alta dirección quien la debía prestar y se apuntaba que la creación de esta plaza era "innecesaria" y "disparatada". Precisamente, una de las magistradas contra quien habría actuado la trama de Santos Cerdan y Leire Díaz habría sido Beatriz Biedma.
La defensa y la acusación
Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, considera que no se ha acreditado, "ni tan siquiera indiciariamente, influencia con sesgo delictivo" en la creación o adjudicación de la plaza en la Diputación de Badajoz. La defensa de Gallardo entiende que las acusaciones han sido "elaboradas a partir de puras especulaciones", que su representado no participó en ninguna actuación constitutiva de delito y que fue el pleno de la corporación provincial quien dio luz verde a la creación del citado puesto de trabajo.
Las acusaciones populares sostienen que David Sánchez era conocedor de que la plaza de coordinador "se había creado para él" y que se presentó a la convocatoria sabiendo que las entrevistas al resto de candidatos eran "una mera pantomima". "A pesar del nombramiento ilegal, no ejerció su puesto de trabajo y no trabajó habitualmente", lo cual "no fue obstáculo para que sí percibiera el salario", expusieron en su escrito.