Una persecución judicial menos. El juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Vic ha archivado la investigación contra siete personas investigadas por los cortes que hubo en la C-17 y C-25 a la altura de Gurb (Osona) durante las protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo a los independentistas catalanes, en octubre del 2019. El juez ha archivado la causa por que, según explica en su resolución, no ve indicios de delito para ninguno de los siete vecinos investigados, algunos de ellos del Alto Ter, ni por desórdenes públicos ni por daños. La Associació de Advocats de Osona en Defensa de los Drets Humans ha informado hoy de esta resolución y ha tuiteado: "Hemos parado la represión en este caso, aunque no habría ni siquiera que haberse iniciado" y "felicita a todos los compañeros" de la entidad.
En el auto, del 18 de enero pasado, la jueza de instrucción 1 de Vic expone que la causa se abrió contra un posible delito de daños, y que acuerda el sobreseimiento provisional y el consiguiente archivo de la causa, tal como le solicitó la fiscalía el 20 de diciembre pasado, y al concluir que "no existen indicios suficientes" que permitan imputar a los investigados la comisión de los hechos denunciados". Los letrados de la Associació de Advocats de Osona en Defensa de los Drets Humans también habían solicitado el archivo de la causa varias veces. El derecho de manifestación es un derecho fundamental, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha reiterado que se debe permitir aunque perturbe el normal funcionamiento diario, sin que se ejerza violencia contra las personas.
Otras causas
En Catalunya, todavía hay juzgados que persiguen ciudadanos por haberse manifestado contra la condena de los presos políticos por parte del Tribunal Supremo y con las consignas de la plataforma Tsunami Democràtic. Por ejemplo, el domingo se supo que el nuevo juez del juzgado de instrucción 4 de Figueres ha citado ha declarado las 15 personas investigadas por el corte de la Jonquera, organizado por Tsunami el 11 y 12 de noviembre del 2019, que hasta ahora no se habían presentado al tribunal. La citación es para el próximo 4 de febrero. Esta es la mayor investigación contra ciudadanos, con cerca de 200 personas del país acusadas de movilizarse por los presos políticos y la independencia de Catalunya. La primera protesta convocada por Tsunami fue en el aeropuerto, donde un chico perdió un ojo al ser herido por un proyectil policial. Después Tsunami hizo un llamamiento a movilizarse a la AP-7, a la altura de la Jonquera. Los Mossos y la Guardia Civil hicieron atestados, mientras la gendarmería y la justicia francesa archivó cualquier proceso penal hacia los manifestantes.
Aparte, el verano pasado se supo que la fiscalía había recurrido el archivo a investigados del corte de la AP-7 en Salt (Gironès), también convocado por Tsunami Democràtic en noviembre del 2019, contra la sentencia del Supremo a los líderes catalanes por el 1-O. El juzgado de instrucción 3 de Girona había cerrado el caso para cuarenta y ocho investigados en julio, y mantiene abierto el procedimiento contra tres personas.
Según la organización Alerta Solidària, que representa a bastantes independentistas encausados, son veintidós personas las afectadas por la decisión de la fiscalía, que se añadirían a las otras tres que se mantienen encausadas por desórdenes públicos después del archivo del resto. Desde Alerta Solidària se afirma que, actualmente, cinco meses después, todavía esperan la resolución del recurso presentado por la fiscalía.