Caso cerrado. El titular del juzgado de instrucción 29 de Barcelona ha decretado el sobreseimiento provisional de la investigación abierta al exdirector del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Oriol Puig, acusado de un fraude contra la administración pública por una supuesta adjudicación irregular en la instalación, mantenimiento y suministro de piezas de estaciones de meteorología y radares cuando era director del ente público del 2011 al 2018.

En la resolución, a la que ha tenido acceso ElNacional.cat este jueves, el magistrado Santiago García sostiene que, después de realizarse "las diligencias de investigación que se han estimado necesarias" para aclarar los hechos, “no resulta debidamente justificada la perpetración del delito” por parte del hermano del exconseller Felip Puig, y cierra la causa. Así lo ha considerado también la Fiscalía Anticorrupción, que ha pedido el archivo del procedimiento.

Información de un concurso

El pasado julio, Oriol Puig admitió ante el magistrado que envió un correo electrónico en 2017 a una empresa con información técnica de un concurso, y que después fue la adjudicataria del servicio, pero aseguró que era una práctica habitual, según informaron fuentes jurídicas. La actuación de Oriol Puig podría ser considerada penalmente por haber dado información privilegiada, ahora descartado. Con todo, también se defendía que la acción podría estar prescrita, después de que Anticorrupción haya mantenido abierta esta acusación, derivada a los juzgados de Barcelona el año pasado.

En la causa del Meteocat, también había dos empresas investigadas y supuestamente favorecidas: ADASA y MCV. La Fiscalía Anticorrupción las acusaba de haber constituido un cártel que se habría repartido las adjudicaciones de las estaciones meteorológicas. Una responsable de una de estas empresas también declaró  como investigada ante el magistrado de Barcelona y explicó que son pocas las empresas dedicadas a este sector, y que, por eso, siempre se escogían a las mismas en este sector público.

La Fiscalía atribuía a los investigados un delito de fraude a la administración pública y basaba su denuncia en un informe de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), que en 2019 ya sancionó a Puig y a las empresas ADASA y MCV por  constituir un cártel que se habría repartido las adjudicaciones de las estaciones meteorológicas.  No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) anuló la sanción por una cuestión formal.