El exdirector del Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat), Oriol Puig, ha declarado este jueves ante el titular del juzgado de instrucción 29 de Barcelona, que lo investiga por una supuesta adjudicación irregular en la instalación, mantenimiento y suministro de piezas de estaciones de meteorología y radares cuando era director del ente público del 2011 en el 2018. El hermano del exconseller Felip Puig ha admitido ante el magistrado que envió un correo electrónico el año 2017 a una empresa con información técnica de un concurso, y que después fue la adjudicataria del servicio, pero ha asegurado que era una práctica habitual, según han informado fuentes jurídicas. La actuación d'Oriol Puig puede ser sancionada penalmente por haber dado información privilegiada. Sin embargo, habría que analizar si esta acción ya está prescrita.

En la causa del Meteocat, hay dos empresas investigadas y supuestamente favorecidas: ADASA y MCV. La Fiscalía Anticorrupción las acusa de haber constituido un cártel que se habría repartido las adjudicaciones de las estaciones meteorológicas. Una responsable de una de estas empresas también ha declarado como investigada  ante el magistrado Santiago García y ha explicado que son pocas las empresas dedicadas a este sector, y que, por eso, siempre se escogían a las mismas.

Información de Antifraude

Esta causa nace de un informe de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) que alertaba de irregularidades en las adjudicaciones de radares y estaciones meteorológicas de Catalunya entre los años 2011 y 2019. La Fiscalía de Barcelona inició una investigación en 2016, a raíz del informe y de las denuncias recibidas, y se derivó a la Fiscalía Anticorrupción.

La Fiscalía atribuye a los investigados un delito de fraude a la administración pública y basa su denuncia en un informe de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), que en 2019 ya sancionó a Puig y en las empresas ADASA y MCV por constituir un cártel que se habría repartido las adjudicaciones de las estaciones meteorológicas.

En su informe, la ACCO concluía que las empresas ADASA y MCV se habrían intercambiado información para hacerse con el mercado en varias convocatorias de licitaciones para la instalación y mantenimiento de radares y estaciones del Meteocat.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), al final, anuló la sanción impuesta por la Autoridad Catalana de la Competencia a Oriol Puig por una cuestión formal.