Triunfo del derecho de manifestación. Casi tres años después de ser investigados para participar en una manifestación convocada por Tsunami Democràtic, el titular de primera instancia e instrucción 4 de Figueres, Antonio Coscia, ha archivado la causa contra unas 200 personas, acusadas del delito de desórdenes para participar en el corte de la AP-7, a la altura de la Jonquera, el 11 y 12 de noviembre de 2019, contra la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes independentistas. Alerta Solidaria, que ha llevado la defensa de la mayoría de investigados, ha anunciado este jueves la resolución y ha asegurado que este cierre del caso "no es ningún proceso de 'desjudicialización'", sino que el juez "hace suya la opinión de la fiscalía que ahora hace caso de la jurisprudencia de la Audiencia de Girona y del TEDH".
El mayo pasado, el juez pidió a la fiscalía si había que elevar al Tribunal Supremo la causa contra la diputada de ERC en el Congreso, Marta Rosique, al ser identificada en la protesta y la respuesta del ministerio público ha sido que Rosique y los ciudadanos no son autores del delito de desórdenes, tal como recoge la jurisprudencia constitucional y la protección que hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el derecho de protesta. Con la resolución del juez de Figueres, se cierra la persecución a los manifestantes en la AP-7, ya que el junio pasado la Audiencia de Girona confirmó el archivo del caso para 49 ciudadanos en los cortes de la AP-7 en Salt, dictada por un juez de Girona.
Un vecino y un agente siguen investigados
Con respecto al caso del Pertús, hasta ahora, el juez Coscia había mantenido una instrucción firme e hizo detener a algunos de los manifestantes porque no se personaban en el juzgado y los dejaba en libertad una vez comparecidos ante él. En la resolución, facilitada por el gabinete de prensa del TSJC, el juez solo mantiene abierta la causa contra una persona por un supuesto delito de atentado contra un agente de la autoridad, así como de un agente de los Mossos por un delito de lesiones.
La fiscalía afirma que se produjo violencia
En su informe aal juzgado, la fiscalía explica que el corte en la AP-7 fue multitudinario y se produjo desde la mañana del 11 de noviembre y que se produjeron daños en el vial rápido cifrados en 32.000 euros. Añade que los Mossos de Esquadra estimaron que por la noche se quedaron en la autopista unas 1.200 personas y había unas 30 tiendas, y que identificaron 108 vehículos y 196 personas, y empezaron a desalojarlos, aunque hace constar que bastante participantes ya se habían marchado antes de la protesta. Por la fiscalía, la concentración en la AP-7 implicó "una grave alteración de la paz pública", al perturbarse la actividad circulatoria con efectos a la actividad comercial y diaria. La fiscalía también afirma que se produjo "violencia en las personas y las cosas".
No obstante, la fiscalía recoge reciente jurisprudencia que prima el derecho de protesta. En concreto, desgrana la sentencia de la Audiencia de Girona precisamente en qué confirma el archivo contra 49 personas por el corte de la AP-7 en Salt contra la opinión de la fiscalía. En aquella resolución, la Audiencia de Girona subrayaba que en un delito de desórdenes puede intervenir una muchedumbre de personas, y a pesar de que no hay que individualizar qué hace cada una, sí que se tiene que detallar "qué aportación relevante" realiza en los hechos delictivos. ¿"Quién asistirá a una manifestación si su simple presencia será título de imputación suficiente de todos los delitos que se puedan cometer"?, se preguntaban los magistrados de la sección cuarta.
La fiscalía también recoge resoluciones recientes de la sala de apelaciones del TSJC sobre el delito de desórdenes, del cual se indica que hay que individualizar los actos de los participantes. De la diputada Marta Rosique, la fiscalía detalla que fue identificada cuando se estaba desalojando la protesta. Nada más. Y ante la jurisprudencia recogida y expuesta, la fiscalía afirma que la diputada de ERC no se le puede atribuir el delito de desórdenes ni ningún otro y no se tiene que elevar su caso en el Supremo, tal como ha hecho el juez dictando el sobreseimiento libre de la causa para ella y la mayoría de los manifestantes.
Más de 380 investigados
Para evidenciar que la persecución judicial a independentistas catalanes ha estado bien real, Alerta Solidaria informa de que en los cortes|trozos de vías en el otoño del 2019 ha habido 380 personas investigadas y finamente no sancionadas; 9 menores amonestados verbalmente y 48 personas investigadas en procesos abiertos, y una con fecha de juicio para fijar.