El juez de primera instancia de Figueres, Antonio Coscia, que investiga los cortes de la Jonquera de Tsunami Democràtic en el marco de las protestas postsentencia del 2019, ha pedido en la Fiscalía que "indique si considera que existen indicios suficientes para poder atribuir la posible comisión de un delito de desórdenes públicos" a la diputada de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados Marta Rosique. El escrito del juez, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, también pide al ministerio fiscal que indique si cree que la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la cual preside el magistrado Manuel Marchena, tendría que asumir "la instrucción y el posterior enjuiciamiento de la causa" de la diputada.
Condenas por el Tsunami
Nuevo avance en la persecución de Tsunami Democràtic, la causa que ya tiene un condenado. Se trata de un independentista de 29 años, que tiene pendiente un segundo juicio. La Audiencia de Barcelona ha condenado a un año y seis meses de prisión Brian Bartés por un delito de atentado contra la autoridad, además de pagar una multa de 270 euros por un delito leve de lesiones a un agente de los Mossos, durante la protesta de Tsunami Democràtic, el 18 de diciembre de 2019, en los alrededores del Camp Nou, en el partido del Barça Madrid, para protestar por la sentencia del Supremo a los líderes catalanes. El tribunal afirma que no le aplica la agravante de usar un objeto peligroso y sí la atenuante de reparación del daño (al depositar en el juzgado 500 euros para el agente), pero no le rebaja la pena al mínimo al considerar que "la agresión fue por la espalda de un agente cuando trataba de refugiarse en una furgoneta de una actuación grupal, de la cual se sirvió el acusado para darle una patada a las lumbares, con mayor impunidad", además de picar en la pierna de un segundo y tirar un objeto. La sentencia no se sujeta y se puede presentar recurso de apelación al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
Bajo sumario
La investigación penal sobre los organizadores de Tsunami Democràtic hace dos años y pico que está bajo secreto de sumario. La Audiencia Nacional ha validado que el juez Manuel García Castellón mantenga el secreto de las investigaciones que decretó desde el inicio, en el 2019, para descubrir a los impulsores de la plataforma, que consiguió grandes movilizaciones contra la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes independentistas catalanes. El tribunal sostiene que el titular del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional mantiene el secreto mes a mes, y en estos momentos es razonado porque está a la espera de la respuesta de "comisiones rogatorias", es decir, que se ha pedido auxilio judicial a uno o varios países, y que todavía "se analizan los dispositivos" decomisados.