Más archivos. La jueza que investiga supuestas irregularidades en la gestíó del Consell Esportiu de l'Hospitalet (CELH) ha decretado el archivo de la causa contra la interventora del Ayuntamiento de l'Hospitalet, Petra Sáez, según una resolución a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat este miércoles. La jueza sustituta del juzgado de instrucción 2 de l'Hospitalet ya ordenó en julio pasar, el archivo de la causa contra la alcaldesa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín (PSC), al considerar que no permitió ninguna irregularidad.

Un informe del fiscal anticorrupción, Luís García Cantón, sostiene que la alcaldesa Marín no cometió un delito de omisión del deber de perseguir delitos cuando le advirtieron de las irregularidades en la gestión de subvenciones otorgadas al Consell Esportiu de l'Hospitalet, con la implicación de dos responsables socialistas de l'Hospitalet: el exconcejal del PSC y expresidente del Consejo Cristóbal Plaza, y el segundo teniente de alcalde, Cristian Alcázar, que al final dimitió el junio pasado por esta investigación. A los dos se les acusa de una mala gestión del dinero público recibido, y que realizaron gastos personales.

La interventora hace tareas de control

En la resolución, la jueza Anna Cocéra afirma que la declaración de la interventora como investigada "fue muy clara" y que a raíz de la documentación aportada por su defensa, ejercida por el penalista Josep Riba, se descarta su participación en cualquier acción irregular en la gestión del Consell Esportiu de l'Hospitalet (CELH). Detalla que Sáez como interventora realiza el "control" de las subvenciones municipales, pero no su "gestión", que en este caso sería a cargo del área de Deportes del consistorio, y que su tarea es hacer informes si detecta una irregularidad, pero quien puede parar una subvención es el concejal responsable. La jueza concluye que "la interventora ejerció su función de control financiero de forma debida y correcta", tal como declaró en el juzgado y -añade- como precisa el escrito de su defensa. Incluso detalla que "se han aportado informes favorables por parte de los auditores contratados para la revisión de las cuentas". Y sostiene que no se evidencia ninguna relación de la interventora con ningún responsable del CELH ni con el Ayuntamiento, además de recordar que la figura de la interventora municipal tiene plena autonomía funcional en un consistorio. Y como no se le imputa ningún hecho delictivo, la jueza decreta el sobreseimiento de la causa a la interventora. Una causa desinflada del todo, y donde solo quedan los dos exconcejales socialistas como acusados principales.

La derivada de Cornellà

Precisamente, el septiembre pasado, la jueza del juzgado de instrucción 4 de Cornellà de Llobregat decretó el archivo total de la causa contra un teniente de alcalde del PSC y trabajadores del Ayuntamiento de Cornellà por una derivada de un supuesto caso de corrupción en el Consell Esportiu de l'Hospitalet (CELH), que investiga otro juzgado. En la resolución, la jueza Maria Moreno Ortiz desmonta todos los indicios delictivos apuntados por el grupo de delitos económicos (UDEF) de la policía española, con el visto bueno del fiscal.