Dentro de una semana exacta tendrá que empezar la campaña electoral para las elecciones, suponiendo que estas sean el 14 de febrero, que es el escenario que ahora mismo mantiene el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Los magistrados se han dado hasta el 8 de febrero para tomar una decisión definitiva. La situación es tan surrealista que podría ser que a seis días de los comicios, el 14-F, el tribunal optara por aceptar el aplazamiento que ha decretado el Govern de la Generalitat. "La fecha está en manos del TSJC", reconoce Pere Aragonès, que admite que no tienen otro remedio que "tener todos los dispositivos a punto" y critica que "se está jugando con fuego".

Ante la posibilidad de que la justicia acabe forzando a hacer las elecciones en pleno pico de la tercera ola de la Covid en Catalunya, el vicepresident ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se activen para solicitar el voto a distancia y poder, así, minimizar riesgos sanitarios y combatir la abstención. Según ha explicado, aunque el Govern ha preparado la logística para que la jornada electoral pueda ser lo más segura posible, "a partir de un determinado nivel de contagios" las medidas son insuficientes. Por eso, en una entrevista a Els Matins de TV3, ha rogado que "si finalmente se va al 14-F, que ningún voto se quede en casa. Que pidan el voto por correo".

Hasta hoy, la Generalitat ha recibido 45.000 solicitudes de voto por correo. Es verdad que la cifra triplica lo que se había recogido en convocatorias anteriores, pero hay que recordar que el censo es de 5,5 millones de personas. Para pedir el voto postal para el 14-F hay margen hasta el 5 de febrero. Se puede hacer presencialmente a una oficina de Correos, pero también con el DNI electrónico o el certificado digital de la Generalitat, el IDCAT. Una vez se reciba la documentación, el voto se podrá emitir hasta dos días antes de los comicios.

ERC quería elecciones en octubre

Actualmente en Catalunya hay más de 600 enfermos críticos de coronavirus en los hospitales. Cuando el País Vasco y Galicia decidieron suspender las elecciones, en marzo pasado, había 200. Uno de los argumentos centrales sobre el cual pivotan las alegaciones que ha presentado al TSJC el Govern para justificar que hay que trasladar las elecciones al 30 de mayo es que puede haber una altísima abstención derivada del miedo a infectarse.

Aragonès ha recordado que hace un año, cuando la pandemia irrumpió en Europa, Francia optó por mantener las elecciones municipales. Y el resultado fue de una abstención del 60%. Es más, ante las críticas que lo acusan de no haber hecho lo suficiente para tener a punto la cita con las urnas, recuerda que "ERC pedía que las elecciones fueran en octubre, porque los datos ya apuntaban que estaríamos peor". Entonces, la decisión no estaba en sus manos, sino en las del president Torra, que acabó optando por esperar a la inhabilitación del Supremo. Automáticamente, ante la constatación de que no había cuórum para investir a un nuevo presidente, la convocatoria electoral fue por defecto.

Sólo el 2% de población vacunada el 14-F

Cuando la semana pasada reunió la mesa de partidos políticos para argumentarles que lo más conveniente es dejar las elecciones para más adelante, el Departament de Salut expuso los datos sanitarios, con una previsión de contagios y presión hospitalaria muy negra.

A la vez, se presentaron los pronósticos en relación a la campaña de vacunación. Aragonès los ha remarcado este viernes. El 14 de febrero a duras penas se habrá podido vacunar un 2% de la sociedad catalana. En cambio, en el mejor de los casos, en mayo se habrá llegado al 30%. Y a un 10% en el peor.

¿30 millones tirados por la ventana?

El vicepresident y cabeza de lista de ERC ha manifestado su indignación porque ha tenido que enterarse de la decisión del TSJC a través de un tuit y de los medios de comunicación y ha lamentado que todavía no conocen los argumentos por los que el tribunal se empeña en mantener el 14-F.

La orden del TSJC de seguir con los planes para celebrar las elecciones el 14-F ha obligado al Gobierno a reactivar la maquinaria electoral. Y eso, tal como ha advertido Aragonès, puede generar un perjuicio económico muy importante para las arcas públicas. Porque ahora se tiene que empezar a ejecutar gasto relativo a los preparativos de los comicios, como el envío de notificaciones a los miembros de las mesas o la impresión de papeletas. Un dinero que difícilmente sería recuperable.

Según explican fuentes del área de procesos electorales a ElNacional.cat, de los 37 millones que cuesta hacer unas elecciones, hasta 30 podrían perderse. "¿Los tiramos por la ventana?", se ha quejado el vicepresident.

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