El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha salido al paso de la amenaza del líder del PP, Pablo Casado, de aplicar un nuevo 155 en Catalunya si el Govern de la Generalitat no acata la sentencia judicial que impone un 25% de castellano en la enseñanza. "Las palabras de alguien que asiste a misas en honor del dictador Franco se definen por sí solas", ha reprochado Aragonès.

Esta mañana Casado había ofrecido al PSOE sus senadores para sacar adelante "el artículo de la Constitución que hace que el Estado pueda aplicar las competencias que según el título octavo le son propias", en referencia al articulo 155 sobre suspensión de la autonomía.

Persistencia

Desde Palma de Mallorca después de participar en la clausura de unas jornadas sobre Gabriel Alomar en Palma de Mallorca, Aragonès ha garantizado la máxima firmeza ante amenazas políticas como la de Casado y ha replicado que "la mejor respuesta es la persistencia. "Seguir defendiendo el catalán como lengua compartida y de oportunidades para todos", ha remachado.

Por la mañana, el president había exigido al gobierno español que se comprometa a defender la inmersión lingüística en Catalunya. "Es imprescindible que el Estado salga en clara defensa del modelo lingüístico y se comprometa a apoyar al amplio consenso que hay a Catalunya", ha reclamado en una rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido con la presidenta del Govern Balear, Francina Armengol.

La polémica en torno a la lengua se ha desatado a raíz de la decisión del Tribunal Supremo de no aceptar a trámite el recurso de la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de imponer un 25% de horas de castellano en la enseñanza.

Ante las protestas que la decisión ha provocado en Catalunya, el Ministerio de Educación ha advertido que la sentencia se tiene que ejecutar como todas las sentencias porque "es firme". No obstante, fuentes de este ministerio han dejado claro que no solicitarán expresamente la ejecución, porque consideran que quien lo tiene que pedir es el mismo TSJC y no el Gobierno.

 

El president, Pere Aragonès, durante la intervención a la clausura de las jornadas sobre Gabriel Alomar / Rubén Moreno