El president de la Generalitat, Pere Aragonès, presentará en las próximas horas una querella contra la exdirectora del CNI Paz Esteban y contra NSO Group, la empresa responsable de Pegasus, por el caso de espionaje contra responsables del movimiento independentista conocido como CatalanGate. Así lo ha anunciado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, que ha explicado que la acción penal que ahora se inicia se tendrá que extender a cualquier persona física y jurídica a quien la instrucción detecte que pueda tener cualquier tipo de responsabilidad.
El caso de espionaje masivo contra miembros del movimiento independentista catalán fue denunciado por el laboratorio canadiense CitizenLab el pasado mes de abril. Unas semanas más tarde, la entonces directora general del CNI Paz Esteban admitió ante la comisión de secretos oficiales que la inteligencia española había espiado a Aragonès y al entorno de Carles Puigdemont con autorización judicial. El president reclamó entonces explícitamente la cabeza de la ministra de Defensa, Margarita Robles, por este caso, pero el Gobierno acabó sustituyendo Paz Esteban.
Espionaje
La portavoz del Govern ha especificado que los hechos pueden constituir delitos de intrusión no autorizada en equipos informático, intercepción ilegal de comunicaciones, espionaje y producción y adquisición de spyware, entre otros delitos. Ha detallado que el president fue atacado al menos en 4 ocasiones, sin que se pueda asegurar que no hubiera habido más ataques; que el espionaje atenta contra los derechos individuales del president, pero también se extiende al ejercicio de sus responsabilidades políticas y representativas; y que el contexto temporal de las infecciones se relaciona con múltiples acontecimientos personales profesionales y políticos, algunos de los cuales estarían vinculados al proceso de negociación para la investidura de Pedro Sánchez, con la época en que se produjo la inhabilitación del anterior president de la Generalitat, Quim Torra, así como en el contexto político inmediatamente posterior a la investidura de Sánchez.
La acusación contra el CNI se basa en la revelación de su directora en la comisión de secretos del Congreso, donde explicó que los servicios de inteligencia habían espiado a diferentes líderes políticos independentistas, incluyendo Aragonès. "Los objetivos demuestran una clara motivación de índole política que sólo sería de interés en clave interna y con finalidades de espionaje político", ha añadido Plaja. Por esta razón, el Govern requiere saber quién tiene Pegasus, quién es responsable de usarlo y contra quién, y qué acto delictivo se argumentó para espiar al president.
Identificar a los autores y preservar pruebas
Plaja ha insistido que la investigación que tiene que arrancar con esta querella, tiene que garantizar de forma urgente una investigación de los hechos e identificar a todas las personas que participaron, pero también tiene que servir para preservar las pruebas y evitar que puedan desaparecer y descubrir el alcance de esta información, sustraída no sólo al president sino al resto, conocer la finalidad con qué se sustrajo y dónde está almacenada
"Tiene que culminar la investigación de los hechos de manera ágil y que evite la prescripción de los mismos. Se tiene que evitar la impunidad de los responsables y asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios causado y de todas sus víctimas", ha remachado.