No por previsible ha sido menos doloroso. Los presos independentistas se han quedado sin permisos por orden del mismo tribunal que los condenó a penas de entre 9 y 13 años de prisión. El Supremo ha optado por revocarles el tercer grado. El actual vicepresident en funciones de president del Govern de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reaccionado a la noticia con una advertencia: "No nos pararán con el Código Penal".
La decisión del alto tribunal ha llegado instantes antes de una nueva comparecencia del vicepresident con la consellera de Salut para rendir cuentas sobre la situación del coronavirus. Antes de empezar, Aragonès ha querido lanzar un mensaje. "Nos encontramos ante un nuevo paso en la venganza del Supremo contra el independentismo", ha criticado. El líder de ERC, que con Junqueras inhabilitado encabezará la lista de los republicanos a las elecciones del 14-F, ha lamentado que la revocación de los permisos anunciada este viernes "corrige a los jueces de vigilancia penitenciaria", que habían acordado que sí que se daban las condiciones para conceder a los presos políticos un régimen más abierto.
La noticia llega justamente al día siguiente de que ERC haya dado salida a los presupuestos de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. A pesar de todo, Aragonès insiste en que hay que seguir apostando por "la negociación para un referéndum", así como por una "ley de amnistía" que sitúa como "la única solución política" posible.
Demasiado pronto, dice el Supremo
El tribunal que juzgó la causa del procés considera que el tercer grado es todavía una medida prematura. La Sala destaca que debe transcurrir un periodo de tiempo mayor para evaluar adecuadamente la evolución del interno y el tratamiento penitenciario. Argumenta que se trata de condenas elevadas y que ninguno de los presos ha llegado todavía a cumplir ni siquiera la mitad. De hecho, la mayoría ni siquiera han cumplido una cuarta parte.
A mediados de julio pasado, el equipo del Servei de Clasificació de la Secretaria de Mesures Penals de la Generalitat, que depende del Departament de Justícia, ratificó la propuesta de las juntas de tratamiento para conceder el tercer grado a los nueve presos. La Fiscalía recurrió la decisión. Los siete hombres tuvieron que volver a ingresar en Lledoners a la espera de la sentencia definitiva. Las mujeres, Carme Forcadell y Dolors Bassa, todavía podían seguir en régimen de semilibertad. Hasta hoy.