El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha comparecido en rueda de prensa para hacer balance del curso politic, cuatro días después de la suspensión de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, con los votos de ERC. Aragonès ha evitado referirse a la carga contra los republicanos y el resto de grupos con que respondió la presidenta, ha mostrado el convencimiento de que esta situación no tendrá efecto en la continuidad del acuerdo de gobierno con Junts, pero sí ha lanzado un mensaje a los socios a "aislar las críticas que no sean constructivas" y a "dejar atrás las batallitas del día a día".

 

"La aplicación del reglamento del Parlament la semana pasada puede generar ruido y dificultades, pero tenemos que poner los grandes retos de país por encima de estas circunstancias. Nos tenemos que sobreponer a las dificultades que pueda haber", ha reclamado, en referencia al malestar que ha provocado en algunos sectores de Junts el voto de ERC,

Más allá de este episodio, Aragonès ha hecho un balance positivo del funcionamiento del Govern, del trabajo de todos los consellers; ha asegurado que los consellers de Junts no le han transmitido que tenga que haber ningún cambio en el pacto de gobierno; y ha reclamado confianza en el país y sus activos. "Para ganar se tiene que abandonar cualquier discurso derrotistas. Dejemos atrás las batallitas del día a día", ha pedido.

Presupuestos

A la hora de hacer repaso del trabajo hecho este curso, ha subrayado la buena evolución de la economía, después de la crisis de la covid; ha admitido que la situación provocada por la guerra de Ucrania es de alta complejidad; y ha pronostica que el crecimiento será más lento pero que no habrá recesión. Ha destacado el efecto que la inflación está teniendo en familias y empresas, y ha subrayado que uno de los objetivos centrales del Govern será garantizar la aprobación de los presupuestos, para cuya elaboración ha reclamado "máxima implicación" de todos los consellers y ha garantizado la intención de abordar el proyecto con los agentes económicos.

La voluntad de Aragonès es aprobar los presupuestos con los votos de los grupos que facilitaron su investidura, a pesar de que lo que se apunta como más factible es la repetición del acuerdo con los comuns con que se aprobaron las cuentas de este año.

Reformas legislativas

Después de la reunión que celebró la semana pasada la mesa de diálogo, que sigue sin concretar propuestas, el president ha asegurado que a pesar de las dificultades se empiezan a construir los primeros acuerdos en este foro y ha advertido que los avances en la desjudicialización tendrán que ser efectivos antes de que acabe diciembre.

Ha evitado referirse a cuestiones concretas, amparándose en la necesidad de discreción de las conversaciones, aunque sí ha reiterado, sin referirse explícitamente al delito de sedición, en que la reforma del Código Penal sólo requiere voluntad de acuerdo porque existe la mayoría suficiente para sacarla adelante. Aragonès ha asegurado que el objetivo es que la desjudicialización tenga los efectos de una amnistía y permita garantizar que no habrá prisión ni exilio ni ofensivas del Tribunal de Cuentas contra los líderes independentistas por su compromiso político. Ha insistido en que la amnistía y la autodeterminación continúan siendo los objetivos de la negociación.

Aragonès ha salido a replicar, sin necesidad que nadie le preguntara, a la valoración que el presidente español Pedro Sánchez hizo de la caída del independentismo según el CEO, la cual atribuyó a cansancio de la sociedad y al proceso de diálogo, y le ha desafiado a que "si el presidente del Gobierno está tan seguro que el diálogo y la negociación minimiza el independentismo, que ponga las urnas". "Si no las ponen es porque saben que no ganarán", ha remachado además de insistir en que la guía del diálogo con el Estado es el informe Cilevics aprobado en el Consejo de Europa. De hecho, Aragonès ha relativizado este descenso en el apoyo al independentismo, asegurando que son datos similares a los que indicaba el CEO antes del 1-O.

El president, que ha comparecido con corbata, ha reprochado que las medidas impulsadas por el Gobierno para reducir el consumo de energía, se han adoptado sin consultar los gobiernos autonómicos, pero ha asegurado que se aplicarán las que sean de sentido común.

 

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