La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) cerró durante el segundo semestre del 2020 un total de 24 investigaciones en organismos públicos por supuestas irregularidades, siete de las cuales quedaron archivadas, doce concluyeron con informes razonados y cinco comunicadas en la fiscalía, los juzgados u otras autoridades administrativas competentes.
Entre las instituciones investigadas está el Consell Comarcal del Solsonès y Consorci Centre Tecnològic Forestal, el consell Comarcal del Vallès Occidental, el Departament de Territori i Sostenibilitat, el Consell Català de l'Esport, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y el Hospital Clínic de Barcelona, además de 16 ayuntamientos. La mayoría de casos son por cuestiones urbanísticas, de contratación pública o tratos de favor en la contratación de personal.
En el caso de Territori i Sostenibilitat se investigó el presunto trato de favor a la entidad Aguas del Ter Llobregat (ATLL) en la reducción de la sanción grave de 4 millones de euros a 0,8 millones de euros, que se archivó para|por la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que declara nulas las resoluciones del conseller de Territori y Sostenibilitat entre junio del 2016 y el 2017, según se especifica en el informe que ha presentado este martes.
Exterior del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que declaró nulas las resoluciones del departamento de Territorio y Sostenibilidad / Pau De la Calle
Consejos comarcales
En relación con el Consell Comarcal del Solsonès, desde el OAC se examinó presuntas irregularidades en materia de incompatibilidad del personal al servicio de las administraciones públicas. En relación con el Consorci Centre Tecnològic Forestal se investigaron presuntas irregularidades en la contratación de servicios que habrían supuesto un trato de favor hacia la persona o empresa contratada.
Todavía en los consejos comarcales, se examinó el presunto trato de favor por parte del Consell Comarcal del Vallès Occidental a la persona que habría sido escogida en el proceso de selección iniciado en el 2019 para proveer una plaza vacante de plantilla de personal funcionario.
Ayuntamientos
Con respecto a los ayuntamientos, se han investigado trato de favor en materia de contratación pública o de personal en los ayuntamientos de Vilanova del Vallès, Calaf, Vilagrassa, Vilanova del Vallès, Gavà, Corçà, Alcanar, la Pobla de Claramunt, Cubelles, Puigcerdà, Sant Vicenç de Montalt y Sant Pol de Mar.
Además, se investigó el ayuntamiento de los Pallareses por posibles irregularidades por haber contratado un servicio externalizado para hacer las tareas propias de un técnico municipal entre el 2015 y el 2017. El consistorio de Banyeres del Penedès fue examinado de conductas que podían atentar contra la integridad y transparencia en el ejercicio de las funciones públicas del equipo de gobierno que salió elegido el 2015, un caso que se archivó.
El ayuntamiento de Almacelles se investigó para analizar presuntas irregularidades relacionadas con el régimen remunerativo de los concejales entre el 2015 y el 2018, ya que las asignaciones para asistir a la junta de gobierno local serían desproporcionadas. Finalmente, se investigaron las posibles irregularidades en la financiación de la defensa jurídica proporcionada a personal del ayuntamiento de Cercs, un expediente que finalmente se archivó después el resarcimiento de los gastos.
@antifraucat hace público el 2.º Resumen semestral de las actuaciones de investigación cerradas de julio a diciembre de 2020. Con esta publicación se quiere reforzar la voluntad de informar a la ciudadanía sobre sus resultados.
— Antifraude de Catalunya (@antifraucat) February 23, 2021
Ya lo puedes consultar aquí ➡https://t.co/5wP8KR7iU5 pic.twitter.com/CUUlurQKTC
Otros organismos investigados
También hay dos universidades investigadas. Después de recibir una denuncia se investigó si una persona catedrática de la UAB habría vulnerado el régimen de incompatibilidades que afecta el personal al servicio de las administraciones públicas, mediante el supuesto ejercicio de una actividad profesional privada. Podría comportar el inicio de un proceso sancionador.
En el ámbito universitario también se indagó sobre un eventual trato de favor del rector de la UPF a un profesor que habría resuelto nombrar en el 2017 en el cargo de vicerrector sin que concurrieran los requisitos establecidos en los Estatutos de la Universidad para hacerlo. A raíz del requerimiento de información de Antifrau el rector reconoció que el nombrado era irregular y resolvió su cese.
También investigó el eventual trato de favor en el otorgamiento de varias subvenciones por parte del Consell Català de l'Esport a diferentes personas así como eventuales conductas y acusaciones deshonestas en torno a un proyecto empresarial dónde habría invertido a la Generalitat de Catalunya a través del Consell Català de l'Esport. Se archivaron las actuaciones porque se iniciaron procedimientos de corrección de irregularidades y la revocación de subvenciones.
Finalmente, se indagó un presunto trato de favor a un responsable del Hospital Clínic de Barcelona que participó en la firma de un convenio con una mercantil que lo contrató cuando dejó el Hospital. Se archivó porque la presunta infracción ya había prescrito y se trasladaron las actuaciones a la Dirección de Prevención de esta oficina.