La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha cargado este martes contra el acuerdo de financiación defendido por el gobierno español y avalado por ERC, que considera una operación de maquillaje sin ninguna transformación real del sistema. Según la entidad, el incremento estimado de 4.700 millones de euros para la Generalitat no responde a un nuevo marco de financiación, sino a la evolución natural de la economía y de la capacidad recaudatoria del Estado. En una comparecencia ante los medios, el economista David Ros ha afirmado que no se está ante una reforma estructural, sino ante un cambio discursivo. “No se modifica el modelo, solo la manera de explicarlo”, ha resumido, advirtiendo que las cifras anunciadas no son consecuencia de un reparto diferente de los recursos, sino de la dinámica actual de los ingresos fiscales.
Ros ha intervenido acompañada de la vicepresidenta de la ANC, Nohemí Zafra, y del coordinador de Estrategia y Discurso, Benet Oliva. A pesar de reconocer algunos elementos que consideran positivos, como la propuesta de crear un consorcio de inversiones o la referencia al principio de ordinalidad, ha relativizado el alcance de este último. Según ha dicho, se trata más de una reclamación política que de un compromiso efectivo, ya que no se ha concretado ningún mecanismo que garantice su aplicación.
La ANC hace un llamamiento a un frente común
Desde la ANC sostienen que asumir este acuerdo implica perpetuar un sistema que mantiene el déficit fiscal de Catalunya. Denuncian que el desfase entre los impuestos recaudados en el territorio y los recursos que retornan en forma de inversiones continúa intacto, con una pérdida anual que sitúan entre los 25.500 y los 30.500 millones de euros. En este sentido, remarcan que cualquier incremento de financiación provendrá, en última instancia, del esfuerzo fiscal de la ciudadanía catalana.
Zafra ha sido especialmente crítica con el pacto, que ha calificado de falso nuevo financiamiento. Según ella, el acuerdo no pone fin a lo que considera un expolio fiscal y consolida una relación desigual con el Estado, que ha descrito en términos de dependencia y aprovechamiento económico. Ante este escenario, ha hecho un llamamiento a los partidos independentistas para que actúen de manera coordinada, eviten acuerdos que legitimen esta situación y apuesten por una respuesta política conjunta, acompañada de una movilización sostenida de la sociedad civil. La entidad afirma que “el independentismo necesita un cambio con urgencia basado en la unidad estratégica” y pide un frente común de los partidos: “La suma de la unidad política con las manifestaciones populares proporcionan la fuerza necesaria para enfrentarse al Estado español y avanzar hacia la independencia, la única manera de poner fin al expolio fiscal".