Amnistía Internacional ha reclamado la puesta en libertad de los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y de Òmnium, Jordi Cuixart, suspendiendo la orden de prisión provisional, y que se les retiren las acusaciones de sedición.

"Amnistía Internacional no cuestiona la decisión del Tribunal Constitucional sobre la ley del referéndum ni su aplicación, pero considera que, si bien convocar a manifestantes con la finalidad de impedir una operación policial lícita puede ser perseguido por considerarse una alteración de orden público, la presentación de cargos contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart por un delito grave como es la sedición y su prisión provisional constituyen restricciones excesivas de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica", señala en un comunicado.

La entidad añade que según el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica "contemplan la posibilidad de que las personas y las organizaciones de la sociedad civil expresen sus opiniones sobre el referéndum y sobre la independencia en general en cualquier momento e individualmente o colectivamente, incluso en el contexto de reuniones públicas". "Las autoridades tienen que proteger el derecho de los particulares a expresar su oposición a la sentencia del Tribunal Constitucional y a organizar reuniones públicas pacíficas en favor del referéndum", ha declarado John Dalhuisen, director para Europa d'Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional apunta que el Estado tiene derecho a poner algunas restricciones a la libertad de expresión, pero de forma proporcional y con límites. "De acuerdo con los mensajes que, según el auto de la jueza, publicaron en las redes sociales, así como por algunas de las declaraciones que hicieron durante los hechos, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart animaron a los manifestantes a concentrarse delante de los edificios oficiales con la finalidad de impedir una operación policial legal, pero no parece que animaran a los manifestantes a utilizar la violencia, de forma que los actos esporádicos de violencia cometidos por manifestantes, como los daños causados a unos vehículos de la policía, no tendrían que atribuirse directamente ni indirectamente a ellos como organizadores de las protestas", concluye.

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