La aplicación de la ley de amnistía a 35 ex altos cargos de los governs de Artur Mas y de Carles Puigdemont y de empresarios por la organización del 1-O, aprobada este miércoles por la Audiencia de Barcelona, no solo implica la extinción de su responsabilidad penal. Ahora el juzgado de instrucción 13 de Barcelona tendrá que devolver las fianzas depositadas que reclamó y atribuyó para la organización del referéndum, que inicialmente cifró en 5,8 millones de euros. La Caixa de Solidaritat -nutrida con aportaciones ciudadanas- depositó en la cuenta de los juzgados 3,6 millones de euros por la causa de l'1-O en Barcelona, que ahora tendrá que recuperar. Es la misma cantidad que depositó en el Tribunal de Cuentas por las mismas partidas exigidas por duplicado, tal como denunció el abogado Pep Cruanyes, responsable de la entidad. La sentencia del Tribunal de Cuentas está pendiente de la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre si estos gastos se pueden amnistiar o no. El tribunal celebrará una vista el 15 de julio para escuchar a las defensas de ex altos cargos de Junts  y de ERC.

Uno de los principales afectados por la investigación del 1-O ha sido el exsecretario general del consejo de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat), Albert Royo, al cual junto con los 17 encausados por malversación del 1-O (la mayoría excargos de ERC) se les embargó las cuentas personales en el 2019, cuando faltaba dinero de la fianza, que al final completó la Caixa de Solidaritat. La entidad se creó para pagar finanzas y abogados de los encausados desde el 9-N de 2014 hasta el 1-O del 2017. El delito de malversación implica penas elevadas de prisión.

Satisfecho, a pesar de todo

Royo se ha mostrado satisfecho por la aplicación de la amnistía a él y todos los compañeros, aunque al final tendrá que afrontar un juicio por un contrato de limpieza de Diplocat. "Han pasado de poner en duda decenas de contratos que sumaban millones de euros al contrato de la limpieza. No es la felicidad absoluta, pero no está nada mal", ha escrito el exjefe de Diplocat en la red X (antes Twitter). Y es que, inicialmente, la Fiscalía había puesto en cuestión todas las acciones del Diplocat en el extranjero y había interpretado los gastos como la promoción de la independencia de Catalunya. Una de las partidas cuestionadas era la contratación de observadores internacionales pra el 1-O.

En la resolución, la sección 21 de la Audiencia de Barcelona comparte el razonamiento de la Fiscalía que Royo y su antecesora hasta el 2013, Roser Clavell, tienen que ser juzgados por un delito de prevaricación por dos gastos del Diplocat: el servicio de limpieza de sus instalaciones del 2011 en el 2017, con un coste de entre 8.000 y 11.000 euros anuales, y una auditoría anual. El tribunal sostiene que se tendría que haber hecho un concurso público.