La Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha denunciado este martes una persecución judicial a los ayuntamientos catalanes a instancias del Ministerio de Defensa del Estado. La denuncia de la AMI llega justo después de que se haya abierto un proceso contencioso administrativo por parte del ministerio contra el Ayuntamiento de Llançà (Alt Empordà) por haber aprobado una moción apelando a la desmilitarización y por haber enviado por carta una petición para que no se hicieran maniobras militares en la zona.

La AMI ve la apertura de este proceso judicial como un ataque a los entes locales, ya que considera que "la maquinaria del Estado quiere coartar y prohibir la expresión de posturas políticas a los entes locales". Además, temen que este nuevo procedimiento iniciado ahora en Llançà se pueda extender, ya que la moción ha sido aprobada ya por diferentes municipios y organismos públicos, y que sea "un nuevo intento por parte del gobierno español de querer condicionar los ayuntamientos a la hora de decidir en asuntos que afectan a la gestión de su término municipal".

Además, consideran que "esta nueva ofensiva evidencia, todavía más, que la mal llamada Operación Diálogo ha sido puro maquillaje" y denuncian que aunque el delegado del gobierno español en Catalunya, Enric Millo, aseguró que contactaría con ellos después de su nombramiento, todavía no lo ha hecho. La presidenta de la AMI, Neus Lloveras, ha asegurado que "no ha hecho ni el gesto de llamar a una entidad en la cual están adheridos más de 700 ayuntamientos catalanes".

La pugna judicial entre el gobierno español y el Ayuntamiento de Llançà empezó a raíz de la moción aprobada el mes de diciembre pasado por el consistorio, donde pedía el cese de maniobras militares en su término y se declaraba territorio desmilitarizado. A raíz de eso, el Ministerio de Defensa ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de la localidad.

El recurso ha provocado las críticas del alcalde de la localidad, Pere Vila, que ha asegurado que defenderán su posición y que entienden que si el plenario aprueba una posición con este posicionamiento, se tiene que "respetar". Por el contrario, se ha posicionado el delegado del gobierno español en Catalunya, Enric Millo, que este martes ha avalado que Defensa lleve Llançà a los tribunales y ha recordado que el Ayuntamiento "no tiene competencia" para prohibir maniobras.