Nuevo posible revés a la justicia española. Ya lo admitió el presidente español, Mariano Rajoy, el 7 de febrero y ahora la justicia alemana lo pone en duda. El tribunal de Schleswig-Holstein ya denegó la semana pasada que el president Carles Puigdemont hubiera cometido un delito de rebelión y ahora pone en duda que también haya cometido uno de malversación de fondos públicos.

Rajoy reconoció en el Congreso que "no se dedicó ni un solo euro del FLA al referéndum ilegal que supuestamente se tenía que celebrar en Catalunya" y la resolución ratifica lo que ya adelantó la revista Der Spiegel, que Alemania no tiene claro que se pueda imputar Puigdemont por un delito de malversación, motivo por el cual han pedido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que los envíe más información para poder tomar una decisión con todos los argumentos en mano.

Así lo pone de manifiesto el contenido de la resolución del tribunal alemán, que sostiene que lo que se expone en relación a este delito "no satisface —al menos de momento— las exigencias del artículo 86 de la ley de cooperación internacional en cuestiones penales, ni siquiera con el apoyo complementario del juez instructor del 21 de marzo de 2018".

La resolución íntegra es la siguiente:

 

La revista concluye que o bien Llarena presenta aclaraciones, o no habrá ninguna extradición de Puigdemont.

"En aquello referido a la imputación de malversación de caudales públicos, el expuesto en la orden de detención europea emitida por el Tribunal Supremo el 23 de marzo de 2018 no satisface —al menos por ahora— las exigencias (...) de la LRG [ley sobre cooperación internacional en asuntos penales], ni siquiera con el apoyo del informe complementario del juez instructor".

Además, también destaca que "no existen, pues, indicios que, entre los actos delictivos que las autoridades españolas imputan al acusado, haya algunos injustamente atribuidos a él con la intención de capturarlo por motivos políticos y, por lo tanto, se desestiman las alegaciones de la defensa del acusado en este sentido".

Según Spiegel, hay un segundo problema añadido, y es que a finales del mes de febrero la Guardia Civil no acusó Puigdemont sino el conseller de la Presidència, Jordi Turull, de haber malversado 1,4 millones en el referéndum, de un total de 1,6 millones. "En el peor de los casos, la malversación de Puigdemont estaría por debajo de los 250.000 euros", según la revista.

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