El diario La Razón ha acogido con preocupación que el president en el exilio, Carles Puigdemont, pueda cruzar la frontera sin ser detenido, al decaer la excepción de inmunidad que se otorga España. "Puigdemont: un retorno antes de dos años", titula el diario.

"Hace sólo unos días, el líder independentista recibió la buena noticia de que el Tribunal General de la Unión Europea levantaba de manera cautelar la suspensión de su inmunidad parlamentaria a la espera de pronunciarse sobre sus alegaciones. Una inmunidad como europarlamentario que, según su abogado, Gonzalo Boye, le permitiría volver a España sin ser detenido aunque él -se cuidaba en salud- no lo aconsejaba", señala el diario.

La Razón

El rotativo se muestra convencido de que hoy por hoy Puigdemont sería detenido si pisa territorio de soberanía española, pero admite que las cosas pueden variar en el futuro. "La anunciada reforma del delito de sedición (castigado ahora mismo con hasta 15 años de prisión cuando quien lo comete es autoridad), supondrá una notable reducción de las penas que comporta su comisión. En este caso, el líder soberanista sería juzgado con la norma penal en vigor al resultarle más favorable", explica.

Pero además existe la posibilidad de que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) desautorice la sentencia del 1-O del Tribunal Supremo español. "La carta de Puigdemont también pasa por el hecho de que el TEDH acabe tumbando la sentencia del Supremo. Y en todo caso confía en que los indultos por parte del gobierno de Pedro Sánchez comporten la consideración en Europa de este error como una sentencia política", detalla.

Según el diario, el entorno de Puigdemont considera que todo quedará aclarado en un plazo de máximo 2 años. "Aunque fuentes próximas a Puigdemont insisten en que no tiene en la cabeza un posible retorno voluntario, la verdad es que por primera vez desde que huyó (sic) a Bélgica, el entorno del líder independentista sí que se marca al menos un plazo para la vuelta a nuestro país: dos años como máximo", añade.

La Razón considera que la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha puesto sobre la mesa esta situación con sus declaraciones en el sentido de que el Gobierno no tendría que detener a Puigdemont.

 

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