La jueza que investiga el viaje a Nueva Caledonia del historiador Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresident Carles Puigdemont, a cargo de la Generalitat, ha exculpado a la secretaria general de Presidencia, Meritxell Masó, que estaba imputada por autorizar los gastos bajo sospecha.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la titular del juzgado de instrucción número 28 de Barcelona dicta el sobreseimiento provisional de la causa con respecto a Masó, después de que así lo haya solicitado la propia Fiscalía, que presentó la querella por malversación y prevaricación que dio motivo a la investigación.

En su querella, la Fiscalía acusaba a Masó de autorizar el pago de los 4.580 euros que costó el viaje de Alay para participar como observador en el referéndum de autodeterminación de Nueva Caledonia, respecto de Francia, en noviembre de 2018, que perdieron los independentistas.

En el escrito presentado ante la jueza, al que ha tenido acceso Efe, el ministerio público cree que "no está acreditada" la participación de Masó en los hechos, a la vista de la documentación que obra en la causa y de su declaración ante la jueza, en la cual sostuvo que no entra en sus competencias fiscalizar los gastos de la oficina del president, dado que está al Parlament a quien corresponde hacerlo.

La insistencia de la Fiscalía

En el caso de Alay, quien también está investigado en el llamado caso Volhov de presunto desvío de fondos públicos al procés, la Fiscalía pide a la jueza instructora que cierre la investigación del caso y envíe al historiador a juicio, por los delitos de malversación y prevaricación.

Según el fiscal, de la documentación que consta en la causa se desprende que Alay fue invitado a acudir como observador en el referéndum de Nueva Caledonia, por parte de la formación independentista de aquella región francesa de ultramar, "a título particular" y no como responsable de la oficina del expresident catalán.

Puigdemont dispone de una oficina regulada por una ley catalana de 2003 sobre el régimen estatutario de los expresidentes de la Generalitat, que en su caso dirige el historiador. En la querella, la Fiscalía detallaba que Alay, "abusando" de su condición de responsable de la oficina de Puigdemont, se excedió" en las funciones que tiene atribuidas y se apartó" de su obligación de servir a los intereses generales con el propósito de conseguir un "enriquecimiento ilícito".

En concreto, según la Fiscalía, consiguió que la Generalitat, gracias a la autorización "manifiestamente arbitraria e injusta" de la también querellada Meritxell Masó, se hiciera cargo de los gastos por valor de 4.580 euros de su viaje a Nueva Caledonia, aunque aquella actividad no se encontraba entre las que tenía atribuidas al frente de la oficina del expresidente.

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