La fiscalía provincial de Barcelona ha decidido abrir una nueva causa contra el director de la Oficina del President Carles Puigdemont, Josep Alay. Esta vez por malversación de dinero público a raíz de un viaje a Nueva Caledonia con motivo del referéndum de autodeterminación del 4 de noviembre de 2018, invitado oficialmente por el Frente de Liberación Nacional de Kanak Socialista, y por el pago de un ticket de peaje para ir a la prisión de Lledoners por valor de 11 euros. Un comunicado oficial de la Oficina del President atribuye esta nueva causa "a razones políticas y no legales".

La nota de la Oficina del President acaba con una conclusión con tono de advertencia: "Deseamos que este sea solo un paso más a resolver rápidamente, y poder iniciar la etapa de diálogo que Catalunya y España merecen, en un marco de respeto, igualdad y libertad".

Precisamente el jueves pasado, la fiscalía decidió, después de dos años, desimputar a Alay de la investigación por encubrimiento contra las personas que acompañaban a Puigdemont en el momento en que fue detenido en Alemania.

En el nota de la Oficina de Puigdemont se denuncia que "después de una exhaustiva investigación económica y de no encontrar ningún indicio de irregularidad, la fiscal Teresa Duerto Argemí ha decidido iniciar una causa de malversación de dinero público" y que esta se basa en el viaje "justificado y oficial" de Alay a Nueva Caledonia y en el pago de los 11 euros de peaje para ir a la prisión de Lledoners.

"La Oficina del President Puigdemont, según la ley vigente tiene que 'dar cobertura a las necesidades personales y políticas con decoro y dignidad que corresponde a las funciones ejercidas por el president Puigdemont'", recuerda el comunicado.

Subraya que la oficina, su responsable y las personas que forman parte "se han mantenido fieles a este principio y han actuado con la máxima corrección exigible" y que "se han cumplido y se cumplen todos los requerimientos económicos y jurídicos que establece el marco legal de las oficinas del expresidentes de la Generalitat".

Es ante este hecho y porque se asegura de que todas las actuaciones de la Oficina son perfectamente transparentes y justificadas que el comunicado concluye que se trata de una persecución política. "La fiscalía, directa e indirectamente, ha gastado en esta investigación mucho más dinero público del que se acusa al Sr. Alay en malversar", denuncia por la cual se inicia el "trámite legal de pedir explicaciones por este tipo de investigaciones prospectivas que van a cargo de todos los contribuyentes".

¿Te ha parecido interesante este artículo? Para seguir garantizando una información comprometida, valiente y rigurosa, necesitamos tu apoyo. Nuestra independencia también depende de ti.
Suscríbete a ElNacional.cat