Indignación. El abogado de Artur Mas, el penalista Jordi Pina, ha expresado su enojo al conocer que la querella contra exdirigentes de la cúpula del PP por ordenar espiarlo cuando era president de la Generalitat ha vuelto a los juzgados de Barcelona, pero que “ningún juez quiere asumir la investigación”, según ha denunciado a ElNacional.cat este martes. Este julio hará un año que el entonces líder de Convergència denunció haber sido espiado con el software Pegasus y por la policía patriótica del PP, en el marco de la operación Catalunya, como admitieron algunos de los comisarios en el Congreso de los Diputados y en recientes juicios. Desde entonces, la denuncia ha vivido un periplo por diferentes tribunales e instancias, sin que ningún juez haya hecho una mínima investigación. Ahora, hay dos juzgados barceloneses que se van pasando la querella como una pelota, pero sin informar al representante legal de Mas, hecho que provoca su total indefensión.
Inicialmente, la querella recayó en el titular del juzgado de instrucción 31 de Barcelona, que, siguiendo el criterio del fiscal, declaró que no tenía competencia porque los hechos denunciados podían afectar a “una alta institución del Estado”, en este caso el Govern de Catalunya, delito, competencia de la Audiencia Nacional. El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, que le tocó el caso, respondió que no era competente y que, posiblemente, los hechos denunciados, entre los años 2012 y 2015, estaban prescritos. La Audiencia Nacional ordenó al magistrado hacer una resolución para derivar la causa a los juzgados de Barcelona, donde ya está hace unas dos semanas.
Resolver la competencia
En concreto, la querella del president Mas fue al decanato de los juzgados de Barcelona. Por reparto, le tocó al juzgado de instrucción 4 de Barcelona, el cual lo reenvió al juzgado de instrucción 31 de Barcelona, al ver que era el primero que había asumido el caso.
No obstante, desde el juzgado de instrucción 31 de Barcelona se ha devuelto la querella a instrucción 4 al comprobar una leve modificación en el escrito. Pina ha retirado como querellado al comisario Marcelino-Martín Blas, que lo sitúa como testigo, al haber relatado esta investigación por parte del Gobierno del presidente español del PP, Mariano Rajoy, en diferentes comparecencias en el Congreso y judiciales.
La queja del abogado de Mas es que todos estos movimientos se han hecho “sin una resolución dirigida al president”, hecho que le impide presentar recurso o cualquier reclamación. Pina recuerda que cuando dos jueces se declaran no competentes para asumir un caso, deben elevarlo al tribunal superior, al Tribunal Supremo, para que lo resuelva, según recoge el artículo 47 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que a la vez fija que, mientras no haya una resolución, el juzgado iniciará la instrucción. “¿Tienen miedo de investigar a un exministro o a la policía patriótica? ¡Es una causa contra un president de la Generalitat!”, pregunta y se exclama a la vez Jordi Pina.
En la querella se relata que se quiso desprestigiar a políticos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), “para que este partido perdiera fuerza electoral en las elecciones democráticas”. La dirección se atribuye a la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; al secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, y a los comisarios Eugenio Pino, José Manuel Villarejo, Antonio Giménez Raso. También a los titulares de NSO Group, propietario del software Pegasus. Se esperaba la evolución de la investigación para ampliar la querella al expresidente español del PP Mariano Rajoy.