Artur Mas, president de la Generalitat entre 2010 y 2016, periodo en el cual se convirtió en la primera víctima del malware de Pegasus en el Estado español, ha presentado una querella conjunta por la Operación Catalunya y por el espionaje a que fue sometido. La querella va dirigida contra la cúpula del ministerio del Interior que encabezaba Jorge Fernández Díaz, y la del PP, con María Dolores de Cospedal como secretaria general, e incluye a los responsables de la policía española y de la empresa que fabrica Pegasus. Además, no descarta ampliarla, si las investigaciones aportan las pruebas necesarias, al presidente y la vicepresidenta del Gobierno en aquel momento, Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, que aparecen repetidamente citados en la querella.
El expresident pide investigarles por organización criminal continuada; falsedad de funcionario público en documento oficial; malversación de recursos públicos; revelación de secretos intrusión no autorizada en equipos informáticos, intercepción ilegal de comunicaciones y espionaje informático, y producción y adquisición de software malicioso; y lesión de derechos fundamentales, entre los cuales el derecho a la intimidad.
Rajoy y Santamaría
El texto señala que la querella se dirige "de momento" contra Fernández Díaz y Cospedal, así como el secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, los comisarios José Manuel Villarejo, Eugenio Pin y Marcelino Martín Blas, el inspector del CNP Antonio Giménez Raso, los empresarios vinculados a NSO Omri Lavie, Shalev Hulio y Yuval Somekh, así como NSO Group, OSU Technologies y Ciber Technologies.
Asimismo puntualiza que la querella no se dirige ahora contra Rajoy ni contra Sáenz de Santamaría ni contra otros mandos policiales, aunque sus nombres aparecen en el relato de los hechos de forma recurrente y, por tanto, no se excluye que se pueda ampliar la querella contra ellos "en caso de disponer de nuevos elementos que permitan sustentar su llamamiento".
La querella se ha presentado en Barcelona, donde otras denuncias por el caso Pegasus han estado ya admitidas a trámite, pero con la previsión que pueda acabar parcialmente o totalmente en algún tribunal de Madrid.
Pereza infinita de la justicia
Mas, que ha subrayado el hecho de que se le investigó mientras encabezaba el Govern de la Generalitat, ha mostrado la confianza que la investigación salga adelante aunque ha admitido que hasta ahora ha habido una "pereza infinita" del sistema judicial español para investigar a pesar de las evidencias. No obstante, ha advertido que la lesión a la democracia que representan estos hechos obliga a que se asuman responsabilidades, dado que en caso contrario, "la mancha quedará para siempre y es una herida profunda para la salud democrática".
El president ha reprochado que no resulta admisible que los responsables del proceso hayan recibido "castigos durísimos" y, por el contrario, "la parte agresora, con espionaje, informes falsos, conjuras de todo tipo, intervención policial y malversación salga ilesa y no se investigue". Por esta razón, ha reclamado que se llegue hasta el fondo en la investigación para que se conozca la verdad, lo cual "seguro" tiene que llegar a un juicio.
Por el contrario, ha asegurado que no prevé incluir a responsables del actual gobierno del PSOE dado que, aunque el espionaje con Pegasus se alargó hasta el 2020, su móvil se infectó durante el gobierno del PP.