A la casilla de salida. La Audiencia Nacional ha ordenado al juez Antonio Piña que envíe la querella presentada por el president Artur Mas contra dirigentes del PP por ordenar espiarlo, con el software Pegasus, a los juzgados de Barcelona. El titular de la plaza 6 de la sección de Instrucción de la Audiencia Nacional rechazó la querella de Mas, el pasado febrero, al asegurar que “no era competente”, además de apuntar que los hechos denunciados, entre los años 2012 y 2015, “estarían prescritos”. El abogado del líder de Convergència, el penalista Jordi Pina, presentó un recurso para que el juez Piña, al considerarse no competente, enviara el caso a los juzgados de Barcelona. La sección segunda de la sala penal de la Audiencia Nacional —formada por los magistrados Fernando Andreu Merelles (ponente), Ana Revuelta y José J. Hervás— le ha dado ahora la razón y ha acordado que el juez Piña dicte “la inhibición en el conocimiento de la querella” a los juzgados de Barcelona, según la resolución a la que ha tenido acceso ElNacional.cat este miércoles.
Inicialmente, en julio de 2025, la querella se presentó en los juzgados de Barcelona. El titular del juzgado de instrucción 31 de Barcelona, a quien recayó la denuncia, siguiendo el criterio del fiscal, declaró que no tenía competencia porque los hechos denunciados podían afectar a “una alta institución del Estado", en este caso el Govern de Catalunya, delito, competencia de la Audiencia Nacional. Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional —siguiendo el criterio del teniente fiscal de la Audiencia Nacional Antonio Romeral, y contrario al de la Fiscalía de Barcelona— resolvió que los hechos denunciados no son del alcance para afectar a una comunidad autónoma.
Desprestigiar Convergència
En la querella se relata que se quiso desprestigiar a políticos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), “para que este partido perdiera fuerza electoral en las elecciones democráticas”. Acusaciones que se atribuyen a la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; el secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, y los comisarios Eugenio Pino, José Manuel Villarejo, Marcelino Martín-Blas, Antonio Giménez Raso. También a los titulares de NSO Group, propietario del software Pegasus.
Precisamente, la Audiencia Nacional continúa el juicio al exministro Fernández y a su equipo por el caso Kitchen, por supuestamente ordenar destruir pruebas de la caja B del PP y anular al extesorero del partido, Luis Barcenas. El expresidente Mariano Rajoy tiene que declarar como testigo mañana, día de Sant Jordi.
Y, a pesar de los indicios y audios aportados, por ahora, ni Rajoy ni Fernández Díaz son investigados en los juzgados españoles por la operación Catalunya. Solo una jueza de Andorra mantiene una investigación abierta contra el gobierno del PP, que provocó el cierre de la Banca Privada de Andorra (BPA). La investigación, sin embargo, está bloqueada por la justicia española. Los titulares de la extinta BPA, los hermanos Cierco, tampoco tiran la toalla y exigen que se aclare todo y que sus autores asuman responsabilidades.