Visto para sentencia. Después de seis jornadas y cuarenta testigos, ha concluido el juicio contra el fiscal general del Estado. Está acusado de un delito de revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por haber filtrado presuntamente el correo en el que el abogado de Alberto González Amador reconocía que había cometido dos delitos fiscales. Se expone a una pena de tres a seis años de cárcel. En sus conclusiones, su defensa, ejercida por la Abogacía del Estado, ha insistido que es inocente y ha vuelto a pedir su absolución: “No hay ninguna prueba porque no puede haberla”, ha subrayado José Ignacio Ocio. “Él es inocente de todo lo que se está diciendo aquí, se ha criminalizado una actividad institucional de dación de cuentas y de emisión de un comunicado oficial por parte de una insinuación para salir al paso de informaciones que ponían en cuestión a la institución, a los fiscales y al fiscal general del Estado”, ha concluido al final de su intervención, que se ha alargado una hora y media. Además, ha acusado a Alberto González Amador de “mala fe” por haber omitido extremos relevantes en su querella original.
Su abogado ha alegado que afirmar que Álvaro García Ortiz sería culpable porque existía un “breve lapso temporal” entre que recibió el correo y que se produjo su locución en la Cadena SER (de las 21.59 horas hasta las 23.30 horas) es una “inferencia de escaso valor”. Sobre las prisas del fiscal general del Estado para conseguir los correos de la causa, ha asegurado que fue una “dinámica legítima y legal” y ha negado que hubiera una “clandestinidad” en su actuación: “La nota de prensa está plenamente justificada. Se pretendía desmentir con agilidad y contundencia una información que no era correcta”. “Es necesario contar con toda la información, no se puede desmentir de oídas”, ha esgrimido. “Hay informaciones cruzadas, noticias que se desmienten, ambas con verosimilitud, y es necesario incorporar los correos a la nota de prensa. Hay que zanjar ese asunto, hay que indicar cómo ha ocurrido todo y poner en valor que la actividad de los fiscales ha sido impecable”, ha reiterado.
Una “única filtración debidamente acreditada”
Asimismo, ha alegado que fue el mismo Alberto González Amador quien dejó el secreto en papel mojado: “Cuando el titular de un secreto hace partícipe a terceros de ese secreto, pierde el carácter reservado”. En esta línea, ha recalcado que la “única filtración de un correo electrónico” que está “debidamente acreditada” en la causa fue la de González Amador hacia Miguel Ángel Rodríguez. La pareja de Ayuso reenvió al jefe de gabinete de la presidenta madrileña la captura de pantalla del correo que el fiscal Julián Salto envió a su abogado, Carlos Neira, el 12 de marzo. “¿Es razonable pensar que Miguel Ángel Rodríguez tenía correo del 2 de febrero? Me parece razonable pensar que eso es así”, ha verbalizado.
“Hablar de la conformidad con un periodista [Esteban Urreiztieta de El Mundo], aunque finalmente se diera una versión acomodada a los intereses de Alberto González Amador, supone que el secreto pierda ese carácter”, ha añadido. “Lo que no puede hacerse es desvelar esas negociaciones de conformidad y, a reglón seguido, decir que esas informaciones sigan considerándose reservadas”, ha remachado. Además, ha hecho hincapié en las maniobras de Miguel Ángel Rodríguez y ha apuntado que él fue quién ideó una “estrategia comunicativa tendente a minimizar” las consecuencias de la denuncia por fraude fiscal de su pareja.
En este sentido, ha lamentado que el 12 de marzo Ayuso y MAR impulsaron una “dinámica de cuestionamiento” de la Agencia Tributaria y de la Fiscalía y ha denunciado que el 13 de marzo el jefe de gabinete de la presidenta madrileña distribuyó una “versión lesiva” contra la Fiscalía diciendo que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo que se había sido retirado por órdenes de arriba: “Se estaba atribuyendo conductas prevaricadoras contra el fiscal general del Estado”. Además, la noticia de El Mundo “vinculaba que se hubiera publicado el expediente tributario [por parte de elDiario.es] con el ofrecimiento de la conformidad” y, por lo tanto, “insinuaba que se ofrecía un pacto a una persona inocente para arrancar una confesión de culpabilidad para retratar a su pareja”. “La gravedad inusual de la insinuación no puede ser desatendida”, ha destacado.
“Conjeturas y filtraciones” en un “entorno adverso para la presunción de inocencia”
Al principio de su intervención, José Ignacio Ocio ha aludido al “contexto mediático excepcional” que ha rodeado la causa: “En ocasiones, el debate mediático ha desbordado el debate jurídico y se ha podido generar, sin ningún género de dudas, un auténtico juicio paralelo basado en conjeturas, filtraciones y versiones parciales”. Todo ello, ha desembocado en un “entorno adverso para la presunción de inocencia”. Más tarde, ha subrayado que el fiscal general del Estado tiene “decenas de asuntos relevantes que tratar” y ha alegado que “no hay que enfocar el análisis de los hechos sobre un interés particular”. “Es reduccionista y no se corresponde con la realidad, hay muchos otros asuntos, hay que dar normalidad al análisis de estos hechos”, ha señalado.
La “mala relación” de Almudena Lastra con la “cúpula” de la Fiscalía General del Estado
Igual que hizo ayer Álvaro García Ortiz, su abogado ha aludido al papel de Almudena Lastra, la fiscal superior de la Comunidad de Madrid. Ha reprochado que sus sospechas sobre que fue él quien filtró los correos son “suposiciones y conjeturas” y no están apoyadas en “ningún conocimiento directo de que se hubiera producido ninguna filtración”. “La razón de ser de las conjeturas y sospechas es simplemente y llanamente una mala relación con la cúpula de la Fiscalía General del Estado, no puede darse otra explicación”, ha recalcado.