La Abogacía del Estado ya está estudiando si impugna ante el Tribunal Constitucional las resoluciones del Parlament sobre la monarquía. Según ha adelantado 'El Confidencial' este jueves, los servicios jurídicos estatales están analizando los textos publicados el lunes en el Boletín Oficial del Parlamento de Catalunya (BOPC) en los cuales no aparecen algunos de los puntos más sensibles que sí se aprobaron al pleno del viernes pero que los servicios jurídicos del Parlament recortaron por la advertencia del TC de no incumplir sus sentencias. Fuentes del Ministerio de Justicia confirman a la ACN que el Gobierno tiene la cuestión sobre la mesa.

Los textos publicados en el BOPC sí que mantienen algunos puntos polémicos como el que declara que Catalunya "es republicana y, por lo tanto, no reconoce ni quiere tener ningún rey" o el que señala la estirpe borbónica como "calamidad histórica para Catalunya" y recuerda que Juan Carlos I es sucesor del dictador Francisco Franco y, por lo tanto, "la monarquía española es la continuación del régimen precedente".

El Boletín Oficial del Parlamento de Catalunya (BOPC) publicó este lunes la resolución contra la monarquía pero sin incluirla de forma íntegra. En una apostilla al final del texto se especificaba que no se incorporan varias resoluciones "atendido el deber" del secretario general del Parlamento "de impedir o paralizar cualquier actuación jurídica o material que pueda suponer el incumplimiento" de sentencias del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, se recortaron alusiones como la que califica a los borbones de "monarquía delincuente". Firma la nota el secretario general del Parlamento, Xavier Muro.

Así pues, no se publicó la resolución conjunta presentada por JxCat, ERC y la CUP en los puntos que ratifican la voluntad del Parlament: "Superar este régimen monárquico es constituir efectivamente la república catalana como un estado de derecho, democrático y social," ni la mención a la "monarquía corrupta delincuente".

Tampoco se incluyó el apartado de la presentada por ERC que acusa a Felipe VI de haber "participado concertadamente con el resto de poderes del Estado en la represión y laminación de derechos del pueblo catalán" ni las propuestas por la CUP que reprueban al rey "por décadas de impunidad y de enriquecimiento ilegítimo" y señalan la monarquía como "pilar primordial para la persecución de los derechos del pueblo catalán y contra la construcción de la república catalana".