El gobierno de Mariano Rajoy ha confirmado este sábado que la Abogacía del Estado ha pedido ya documentación sobre la decisión del Parlament de querellarse contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para ver si esta acción puede ser constitutiva de un posible delito de malversación, según han informado fuentes del Ejecutivo.
La Mesa del Parlament aprobó este viernes la propuesta del presidente de la Cambra, Roger Torrent, de querellarse contra Llarena por presunta prevaricación. El acuerdo, aprobado con los votos de Junts per Catalunya y ERC, se adoptó después de que el juez se negara un día antes a excarcelar a Jordi Sànchez para poder asistir al debate de investidura.
Fuentes del gobierno español han señalado este sábado que la Abogacía ha solicitado ya documentación sobre esta decisión de la Mesa del Parlament de presentar una querella contra el juez Llarena por si puede ser constitutivo de un delito de malversación. Esta actuación se llevaría a los tribunales por la vía penal, no al Tribunal Constitucional, según han precisado las mismas fuentes.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ya avisó este viernes que si la querella "la paga" el Parlament podría estar incurriendo en un delito de malversación de fondos públicos. A su entender, "la única cosa que tiene que hacer" la Cambra catalana y lleva "incumpliendo" desde las elecciones del 21 de diciembre es escoger a un candidato que cumpla la ley, "esté en condiciones de gobernar" y se dedique a "atender los intereses generales de los ciudadanos".
De la misma manera, antes de estas declaraciones del jefe del Ejecutivo, también el ministro de Educación y portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, advirtió que la querella del Parlament de Catalunya puede constituir "malversación de fondos, aparte de otros delitos".