José Luis Ábalos pasa al ataque. Quien fue ministro de Transportes de Pedro Sánchez entre 2018 y 2021 y que actualmente está investigado por el Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo ha presentado una querella por falsedad documental y falso testimonio de perito contra las dos autoras de la auditoría sobre la compra de mascarillas durante la pandemia, poniendo la lupa en Soluciones de Gestión, la empresa que está en el epicentro del caso Koldo. El informe lo impulsó Óscar Puente en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y fue uno de los principales argumentos para que el juez de la Audiencia Nacional solicitara al Supremo que lo investigara. El mismo Ábalos ha anunciado la presentación de la querella en las redes sociales y ElNacional.cat ha tenido acceso al documento íntegro, de 59 páginas. "Las conclusiones de la auditoría sobre los contratos de mascarillas son deficientes, sesgadas e incompletas y de forma preordenada manipuladas y tendencialmente orientadas a la imputación", denuncia el escrito. A juicio de Ábalos, se construye una "imagen distorsionada y profundamente injusta" de lo que sucedió para "encapsular la responsabilidad exclusivamente en su persona".

El relato de la querella es muy duro contra la auditoría. "Se tergiversa el contenido de las declaraciones prestadas por las personas entrevistadas, incorporando al informe versiones contrarias a lo realmente manifestado por los declarantes", señala. "Los datos se presentan de manera sesgada. Y aquellos que resultan desfavorables a la tesis preestablecida son omitidos o distorsionados, configurando una narrativa intencionadamente manipulada", añade. "Cada una de las aseveraciones son inciertas y obedecen a un sesgo que se manifiesta en la selección de datos y en la interpretación interesada de los mismos, lo que lleva a conclusiones que no reflejan fielmente la realidad de los hechos auditados", apostilla.

Concretamente, la querella se dirige contra dos personas: Belén Villar Sánchez (actualmente es la directora general de Organización e Inspección del Ministerio de Transporte, dirigió la auditoría y anteriormente fue jefa de gabinete del subsecretario del Ministerio de Transportes, Jesús Manuel Gómez, hasta marzo de 2022) y Belén Roel de Lara (la persona que elaboró y firmó la auditoría). Apunta a los delitos de falsedad documental (alega que la auditoría es un "documento público oficial") y de falso testimonio de perito, partiendo de que el informe "se ha incorporado como informe técnico al proceso judicial en trámite".

La auditoría tuvo una "trascendencia efectiva" en la causa penal

La exposición razonada que el juez de la Audiencia Nacional elevó al Tribunal Supremo hace un año y medio sostenía que, a partir de la documentación analizada y de lo declarado por los entrevistados, "no se puede determinar quién contactó con la empresa Soluciones de Gestión, más allá de las afirmaciones realizadas por los entrevistados, que parecen apuntar al entonces ministro o a su gabinete". "La misma auditoría apunta a que el propio Ábalos y/o su gabinete podría haber sido quien contactara con Soluciones, negociara con estos y modificara el objeto de la emergencia para que finalmente coincidiera con lo ofertado por la empresa", añade.

Ahora, la querella lamenta que la auditoría tuvo una "trascendencia efectiva en la conformación" de la investigación dirigida a José Luis Ábalos: "Lejos de producir efectos internos, como parece razonable entender que es función de una inspección de control de gestión, sus conclusiones difundidas llevan a la elevación de su contenido a indicio efectivo y relevante como informe técnico para imputar a quien no se le ha solicitado aclaración alguna como especialmente concernido por su contenido y en consecuencia no tuvo oportunidad de contradicción en el ámbito interno de la propia Administración". "Pretende mostrar a la opinión pública transparencia, distancia y alejamiento de los anteriores responsables del Ministerio en una estudiada proyección de eficiencia y objetividad basada en la pretendida independencia de los órganos de inspección", reitera. Y arremete contra la iniciativa de la auditoría: "Aborda una investigación paralela y se hace de forma ilegítima porque la ortodoxia procedimental señala que cualquier actuación administrativa queda paralizada por la actuación judicial".

El "sesgo deliberado" de la investigación y la "falta de plasmación" de lo que manifestaron los entrevistados

A lo largo de 25 páginas, la querella repasa las declaraciones de siete testigos en la Audiencia Nacional y en el Supremo que, según alega José Luis Ábalos, "evidencian contradicciones entre lo manifestado por los testigos y lo recogido en el informe" y suponen un "indicio claro de que el informe ha incorporado datos inveraces, con una evidente manipulación o intención de inducir a error". "La discrepancia no es menor ni irrelevante, sino que afecta a elementos sustanciales del informe susceptible de subsumirse en el tipo penal de falsedad documental", argumenta.

Para el exministro, esto hace patente el "sesgo deliberado" de la investigación en "aspectos fundamentales" referentes del "intento grosero de direccionamiento en la declaración de los entrevistados", la "falta de plasmación" de lo que ellos manifestaron, la "falta de garantías" de los declarantes y, fundamentalmente, la "deliberada omisión del dato que se había elaborado por los funcionarios del Ministerio que ponderaba la necesidad de dotación de mascarillas para 15 o 30 días". ¿Quiénes fueron los testigos, con la obligación de decir la verdad, que declararon que sus declaraciones habían sido manipuladas, según denuncia el entorno de Ábalos?

  • Michaux Miranda, ex director general de Gestión de Personas de Adif
  • Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif y exsecretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que ahora está investigada por la contratación de Jéssica Rodríguez y por el pago de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas
  • Javier Sánchez Fuentefría, director general de Organización e Inspección del Ministerio en 2020
  • Manuel Fresno Castro, director financiero y de control de gestión de Adif
  • Alejandro de las Alas Pumariño, oficial mayor del Ministerio
  • Julio Víctor González García, secretario general y miembro del Consejo de Administración de Correos
  • Jorge Meana González de Aller, jefe del Área de Presupuestos, Contratación y Asuntos Generales de la Subdirección General de gestión del Ministerio