Dos leyes, la del Referéndum y la de Transitoriedad Jurídica. Y dos jornadas maratonianas en el Parlament, que empezaron a primera hora de la mañana y acabaron entrada la madrugada. El reto era el de dar amparo legal a la votación del 1-O, y el camino no estuvo exento de obstáculos. El ambiente estuvo muy crispado durante 48 horas, de las más tensas que se recuerdan en la cámara catalana.
Probablemente la imagen más recordada de aquellos días sea la de medio hemiciclo vacío, después que los diputados unionistas lo abandonaran a la hora de votar y que los parlamentarios del PP dejaran banderas españolas y senyeres en sus escaños. Pero lo que se vio en el pleno de la cámara, retransmitido en directo, fue sólo la punta del iceberg. Dónde se gestó el polémico pleno del 6 y el 7 de septiembre fue entre bambalinas, fuera de la mirada de las cámaras.
Debates repetitivos y atascados en argumentos jurídicos, choque de legitimidades, amenazas de responsabilidades penales... Las actas de las reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces de aquellos días, en las cuales ha tenido acceso El Nacional --en total 58 páginas--, reflejan hasta qué punto llegó la tensión.
Por una parte, la mayoría independentista forzó la interpretación del reglamento de la cámara para saltar todos los torpedos del Estado español para poder poner las urnas el 1-O. Por la otra, la minoría unionista recurrió al filibusterismo e incluso se saltó el reglamento al que apelaba para tratar de impedir que se diera amparo legal al referéndum.
Durante los dos días de pleno, la Mesa se reunió hasta 13 veces y la Junta de Portavoces 10.
En aquellos dos días de pleno, se hizo conocida la expresión de la presidenta Carme Forcadell "¿por qué me pide la palabra, señor Carrizosa?". Sin ir más lejos, a petición del unionismo, la Mesa tuvo que reunirse hasta 13 veces. La Junta de Portavoces, diez veces. La oposición llegó a presentar 15 peticiones de reconsideración contra acuerdos de la Mesa. El PSC y el PP también presentaron recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional. El resultado de todo: un pleno que plasmó el inicio del choque institucional con un Estado español dispuesto a mucho para confiscar urnas y papeletas.
También ha tenido consecuencias penales. La entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell, hoy se encuentra en prisión cautelar sin fianza. Los miembros soberanistas de la Mesa son investigados por desobediencia por parte del Tribunal Supremo. También el secretario tercero Joan Josep Nuet, de los comunes, que votó en contra de las dos leyes en el pleno, pero que no obstaculizó su debate. Sólo se han salvado el vicepresidente segundo José María Espejo-Saavedra (Ciudadanos) y el secretario segundo David Pérez (PSC), que se opusieron.
Con el TC encima
Para entender todo lo que pasó el 6 y 7 de septiembre del 2017 en el Parque de la Ciutadella hay que remontarse a febrero de aquel mismo año, cuando el grupo de Junts pel Sí registró una reforma del reglamento del Parlament. El objetivo era el de introducir la tramitación por lectura única, una "vía express" que, por acuerdo de dos grupos, permitiría saltarse todos los trámites parlamentarios y aprobar las leyes de desconexión en un solo debate. La voluntad era la de intentar driblar la ofensiva del Estado. La reforma fue aprobada en julio, antes de vacaciones.
Pero el Tribunal Constitucional suspendió inmediatamente la reforma, después de que el gobierno de Rajoy la impugnara, haciendo uso del automatismo que lo permite. Eso hizo que, durante el pleno del 6 y 7 de septiembre, el independentismo tuviera que recurrir a otra vía. Una vez pasado el temporal, en noviembre, el TC avaló la reforma del reglamento, diciendo que la lectura única era constitucional si se respetaba el trámite de la introducción de enmiendas (que se respetó igualmente).
El TC avaló posteriormente la reforma del reglamento que no pudo ser utilizada el 6 y 7 de septiembre porque estaba suspendida cautelarmente.
De hecho, la sombra del Tribunal Constitucional estuvo presente durante las dos jornadas. Durante las reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces, el secretario general y el letrado mayor del Parlament se remitieron en varias ocasiones a las advertencias hechas por el alto tribunal español. Ya durante la primera reunión de la Mesa, dieron lectura a un escrito conjunto que advertía que la ley del Referéndum y la de Transitoriedad se podían ver afectadas por varios autos del TC. Los grupos unionistas también se aferraron a ello.
El objetivo de JxSí y la CUP era agilizar los trámites para evitar las garras del gobierno español a través del Tribunal Constitucional. Duró poco, porque el mismo 7 de septiembre, unas horas después de la aprobación por parte de la mayoría de la cámara, el TC suspendió automáticamente la ley del Referéndum, después del recurso interpuesto por el gobierno español. A pesar de la suspensión, la ley sirvió para dar amparo legal al referéndum del 1-O.
Soberanía parlamentaria contra tribunales españoles
La lectura de las actas de las horas y horas de reuniones de la Mesa y Junta de Portavoces de aquellos días pone de manifiesto donde estaba la raíz del problema: en un choque de legitimidades. Por una parte, los partidos independentistas se aferraban a la necesidad de respetar el libre debate parlamentario y la soberanía del Parlament, sin interferencias. Por la otra, las formaciones unionistas basaron gran parte de sus argumentos en las decisiones y advertencias del Tribunal Constitucional.
Ya durante la primera reunión de la Mesa, previa al inicio del pleno, la representante del PP "recordó" que la admisión a trámite de la ley del referéndum "puede dar lugar a posibles responsabilidades de los miembros de la Mesa", como recoge el acta de aquel encuentro. El vicepresidente segundo, José María Espejo-Saavedra, también insistió en las "advertencias" que pesaban contra los miembros soberanistas de la Mesa. La tensión sólo fue a más durante las siguientes horas. En la reunión de la Mesa de aquel día a medianoche, Espejo-Saavedra llegó a acusar al independentismo de tener un "plan preconcebido para ignorar los derechos de la oposición".
Los independentistas basaron su argumentación en que la Mesa sólo tiene que supervisar que las iniciativas cumplan los requisitos establecidos por el reglamento. En caso de entrar a "valorar su contenido material", argumentaban, "restringirían" el derecho a la participación política. Sólo con la aprobación final, concluían, "se podría valorar su constitucionalidad, o cumplimiento de resoluciones del Tribunal Constitucional".
Los comunes trataron de situarse justo en medio de los dos bloques. Aunque no obstaculizaron ni la tramitación ni el debate de las leyes, sí que fiscalizaron de cerca a la mayoría independentista. Su portavoz, Joan Coscubiela, advirtió durante una de las reuniones de la Junta que "si se pretende hacer un referéndum, la tramitación de su norma reguladora se tiene que hacer con las máximas garantías y no es aceptable que se vulneren los derechos de las minorías parlamentarias". El grupo parlamentario acabó partiéndose en dos en pleno debate parlamentario.
El reglamento, estirado por todos lados
Si bien las principales críticas por estirar el reglamento se las llevaron los grupos independentistas, por como tramitaron las leyes de desconexión, la realidad es que desde el unionismo también se hizo una interpretación abusiva de la norma para tratar de impedir el debate parlamentario. Incluso llegaron a saltárselo, como cuándo acudieron directamente al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) para pedir un dictamen sobre las dos iniciativas parlamentarias.
A las cinco de la tarde del 6 de septiembre, en plena reunión de la Junta de Portavoces, el portavoz de Ciudadanos Carlos Carrizosa informó de un acuerdo adoptado por el CGE, que dejó a la mayoría independentista con un palmo de narices. Según el acta de aquel encuentro, la secretaria primera, Anna Simó (ERC), "mostró su sorpresa" porque "este organismo no tiene esta facultad de interacción directa con los grupos parlamentarios", sino que tiene que ser la Mesa quien se dirija a él.
Ciudadanos y el PSC acudieron directamente al Consell de Garanties Estatutàries, facultad exclusiva de la Mesa, saltándose el reglamento.
De hecho, esa fue la respuesta que dio el órgano consultivo. Si bien daba la razón en el fondo sobre el carácter preceptivo de sus dictámenes, recordaba a Ciudadanos y el PSC que, de acuerdo con el Estatut y el reglamento de la cámara, "corresponde a la Mesa, como órgano parlamentario competente para la calificación y admisión a trámite de todas las iniciativas parlamentarias, el envío de las solicitudes de dictamen al Consell".
Aparte de eso, el reglamento también fue utilizado para tratar de paralizar y obstaculizar el debate parlamentario a través de las peticiones de reconsideración. Por unos mismos acuerdos de la Mesa, Ciudadanos, el PSC y el PP presentaron peticiones separadas que quisieron debatir por separado. En varias ocasiones, la presidenta Forcadell tuvo que recordar que aquella cuestión ya se había debatido anteriormente y que, por lo tanto, se tenía que pasar directamente a su votación.
Las bases legales del 1-O
El objetivo de las leyes de desconexión, aprobadas el 6 y 7 de septiembre, era en primer lugar dar cobertura legal a un referéndum que una interpretación extremadamente restrictiva de la legislación española no permitía. En segundo lugar, garantizar la transición de una legalidad española a una catalana en caso de victoria del 'sí'.
De hecho, a las 22:50, una hora y media después de la aprobación de la ley del Referéndum el president Carles Puigdemont firmaba y promulgaba la norma, que entró en vigor en las 23:13, cuando fue publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En las 23:27, el Govern en pleno firmó el decreto de convocatoria del 1-O. Ya de madrugada, el ejecutivo llamaba a la participación en un anuncio institucional y se ponía en marcha la web de la votación.
La paradoja la protagonizó el secretario segundo de la Mesa, el socialista David Pérez. Aunque su formación no reconocía la legitimidad de la ley del Referéndum aprobada unas horas antes, la madrugada del 7 de septiembre pidió un informe a los servicios jurídicos para "ver cómo se puede resolver el conflicto" entre las previsiones de la ley del Referéndum y lo que preveía el reglamento con respecto a la elección de los miembros de la Sindicatura Electoral de Catalunya, el órgano independiente encargado de supervisar el 1-O.