La plataforma Somescola, que agrupa una cuarentena de entidades para coordinar el apoyo a la escuela catalana, considera que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que fija un mínimo del 25% de la enseñanza en castellano en Catalunya es un "nuevo intento de agresión al modelo de escuela catalana".

La sala declara la obligación de la Generalitat de adoptar las medidas necesarias para garantizar que todos los alumnos reciban de manera "efectiva e inmediata" la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determine, "que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso". También remarca que el uso actual del castellano es "residual".

La plataforma recuerda que la escuela catalana ha sido consolidada y avalada "ampliamente a lo largo de décadas" y que los datos sobre la inmersión lingüística "evidencian que es un modelo valioso para los alumnos y la sociedad: contribuye a la cohesión y a la igualdad de oportunidades y también a normalizar el uso del catalán". Las entidades hacen un llamamiento al conjunto de la sociedad a "defender al modelo educativo catalán" y a "reforzar el trabajo conjunto para consolidarlo, protegerlo y mejorarlo".

Somescola ve "intolerable" lo que considera una "intrusión de los tribunales a la hora de regular la política educativa del país" y tildan "de escarnio" a los profesionales de la educación que "un juez determine de manera arbitraria el porcentaje de horas que hacen falta para aprender una lengua". La plataforma defiende que tienen que ser "los profesionales de la educación, y no los juristas, los que tienen que determinar qué modelo de uso garantiza la competencia lingüística".

"Argumentos falsos y peligrosos"

Las entidades reprochan que sentencias como esta "quieren alimentar argumentos falsos y peligrosos de instrumentalización política de la educación y de la lengua" y reivindican que la escuela catalana "ha sido y tiene que seguir siendo un factor primordial para favorecer la inclusión y la cohesión social desde una perspectiva intercultural".

La plataforma añade que la sentencia no tendrá recorrido "como consecuencia del cambio de marco legal en el Estado" pero denuncia que "ataques políticos y judiciales como estos responden a una voluntad de minorizar la lengua catalana en todos sus usos sociales" y que, junto con la educación, "estén permanentemente bajo amenaza".

¿Te ha parecido interesante este artículo? Para seguir garantizando una información comprometida, valiente y rigurosa, necesitamos tu apoyo. Nuestra independencia también depende de ti.
Suscríbete a ElNacional.cat