Esta semana, en el Consejo de Ministros del martes, se ha aprobado la modificación de la legislación que regula el acceso a la carrera de jueces y fiscales. El Gobierno ha manifestado su intención de modernizar y facilitar el acceso, promover la igualdad de oportunidades y fortalecer la transparencia y la profesionalización del sistema judicial. En un momento  en  el que la política se ha dejado en manos de la justicia en no pocos casos, cuando la justicia está investigando a buena parte de nuestros políticos y de sus allegados, las líneas divisorias necesarias que han de darse entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial se están difuminando demasiado. Con esta reforma, en mi opinión, se fuerza la politización de la justicia, como mecanismo que pretende equilibrar la situación ya politizada. Es como poner más peso en la balanza para tratar de equilibrarla, en lugar de llevar a cabo mecanismos que garanticen una objetividad y neutralidad mayor. 

La necesaria reforma de la administración de justicia requiere una reforma integral, desde la base, desde el entendimiento de la necesidad de una verdadera separación de poderes que no se da en España. Y este tipo de reformas ahonda más en el problema. Una sociedad democrática y moderna requiere de una administración de justicia ágil, dinámica, cercana, útil y con voluntad de servicio público. Que se aleje de la creación de castas, que parecen venir de sagas heredadas, que pasan años encerradas fuera de la realidad de la vida, para supuestamente pensar mucho pero experimentar poco. Como ciudadana, quisiera una administración de justicia que funcione, responda rápido y bien, que no marque distancias con el ciudadano, que no parezca querer ponerle todas las trabas burocráticas del mundo, sino lo contrario. Una justicia eficaz y efectiva, vaya. Con funcionarios que garanticen el cumplimiento de la ley sin posibilidad de trampa o interés que no sea el de la ciudadanía como poder soberano.

El debate me resulta fundamental, y sin embargo, mucho me temo que se abordará sin el necesario conocimiento por parte de la ciudadanía. Cuando se reforman cosas tan importantes de los pilares de un Estado de Derecho, más nos vale estar atentos. Le recuerdo que se supone que la soberanía reside en usted y en mí.  

La decisión se ha tomado en pleno supuesto escándalo por la filtración de los mensajes privados entre Sánchez y Ábalos, por lo que en lugar de haber ocupado las portadas y los debates públicos, este hecho tan relevante, y para el que es necesario que exista una opinión pública crítica e informada, ha pasado casi desapercibido para la mayoría. El propósito de esta reforma, según el gobierno, representa la mayor transformación de la carrera judicial y fiscal en cuatro décadas, y está orientada a modernizar y ampliar el acceso, incrementar el número de jueces y fiscales, y garantizar la igualdad de oportunidades en el proceso selectivo. 

El proyecto debe pasar aún por las Cortes Generales, y el debate público puede y debe tener lugar. Las asociaciones de jueces y fiscales, todas menos las progresistas (aunque no han sido pocos los que se han expresado públicamente para apuntar lo mismo), han advertido el miércoles sobre la reforma una serie de puntos, señalando que supone “un serio retroceso” en el Estado de derecho y que amenaza la independencia judicial y los principios constitucionales.

Desde el Gobierno señalan haber tenido en cuenta los informes elaborados por el CGPJ que habían presentado en ellos recomendaciones, como las realizadas por también por el Consejo de Estado. En este sentido, cabe recordar que el CGPJ aprobó por unanimidad un informe sobre el anteproyecto en el que alertó de “disfunciones” que podrían generar “una carrera de dos velocidades”. Se advertía de que el anteproyecto contaba con ciertas innovaciones de calado que podrían generar dudas sobre la falta de idoneidad de algunas de las medidas, tanto por cuestiones de técnica legislativa como por los objetivos que fijaba la reforma.

Por ejemplo, el CGPJ se mostró en contra del proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal en las carreras judicial y fiscal, que tenía el objetivo de incorporación de jueces y fiscales sustitutos y magistrados suplentes, considerando el gobierno de los jueces que no se da la situación excepcional que exige la jurisprudencia constitucional para tomar esta medida. Bolaños ha dicho que se cumple con los preceptos de la Comisión Europea, algo que desde las asociaciones de jueces y fiscales niegan (rechazan el proceso extraordinario de estabilización de jueces y fiscales sustitutos, pues consideran que es contrario a los principios constitucionales, y no es lo que se pide desde Europa). La regularización pretendida, señalan los críticos, debe abordarse desde su condición de empleados públicos y no a través de vías que perpetúen la interinidad.

“En este momento existen 954 jueces sustitutos en nuestro país que son llamados a ejercer la función jurisdiccional y que, por tanto, dictan autos, dictan sentencias cuando son llamados. 954 jueces sustitutos y 331 fiscales sustitutos. Este proceso de estabilización extraordinario, que será un cuarto turno extraordinario, estará dirigido no solo a jueces sustitutos, a fiscales sustitutos, sino también a otros profesionales del derecho que también podrán presentarse” ha dicho el ministro. Se garantizará que una de cada cuatro plazas de jueces y magistrados provengan del cuarto turno, como fija la LOPJ. “Debería haber un 25% y en realidad hay un 8%” ha afirmado Bolaños. 

Con esta reforma se fuerza la politización de la justicia, como mecanismo que pretende equilibrar la situación ya politizada

Las asociaciones de jueces y fiscales que han protestado esta semana, consideran que la implantación de mecanismos de acceso que rebajan los niveles de exigencia jurídica e introducen elementos de arbitrariedad supone un claro deterioro de la calidad del servicio público de justicia y que por ello, es imprescindible cesar en los nombramientos que superen los límites legales de temporalidad y avanzar hacia un modelo estable basado en el incremento progresivo y sostenido de plazas mediante un sistema electivo basado en la excelencia. El riesgo, señalan, está en el debilitamiento que afecta a la ciudadanía, o que ve comprometido su derecho fundamental a recibir justicia por profesionales independientes, imparciales y técnicamente cualificados.

La crítica que se plantea sobre la nueva regulación del cuarto turno, señala al hecho de que sea un concurso oposición sin límite máximo de plazas, atribuyendo una antigüedad ficticia de cinco años desde el ingreso, consideran que posibilita un acceso discrecional arbitrario y perjudica grave y caprichosamente a quienes superen la oposición por el turno libre. 

Señalan los críticos con el proyecto, que si el texto queda como está, los que entran por turno libre, ingresarían en la carrera a disposición de los presidentes del TSJ y con obligación de participar en los concursos siguientes, lo que en la práctica, supondría institucionalizar la figura del juez en expectativa de destino, vulnerando el principio de inamovilidad de jueces y magistrados proclamado por el artículo 117.1 de la Constitución Española.

Se critica también la convocatoria de un único proceso por carrera, sin establecer un número de plazas determinado, abierto a cualquier profesional y basado en una oposición consistente en un dictamen práctico, seguido de una fase de méritos, no asegura la acreditación rigurosa de los conocimientos jurídicos necesarios para ejercer funciones jurisdiccionales o fiscales. Entienden las asociaciones que se han pronunciado que este sistema otorga acceso directo a la categoría de juez o fiscal, tras prácticas en la Escuela Judicial o en el Centro de Estudios Jurídicos, sin equipararse en exigencia y comprobación de aptitud al proceso ordinario del turno libre. Denuncian que se está consagrando una vía de acceso extraordinaria carente de las debidas garantías de transparencia y rigor

Se trata de un proyecto que ”incluye un examen escrito para el acceso a la carrera judicial y fiscal, amplía el número de plazas, blinda por ley orgánica las becas de los opositores y prohíbe la financiación privada de asociaciones judiciales” (Europa Press). Se introduce una prueba escrita para la oposición, de tal manera que se valore un desarrollo, una competencia absolutamente imprescindible para el desarrollo de la función jurisdiccional, como el razonamiento jurídico, la expresión escrita o la aplicación de la ley a un caso, un supuesto concreto. Este examen se introducirá para el cuarto turno y para el turno libre. Las pruebas escritas serán anónimas. El tercer ejercicio de la oposición libre consistirá en resolver casos prácticos, en lugar de un examen teórico extenso.

Otra de las nuevas medidas es el refuerzo del cuarto turno. Es un turno dirigido a juristas con más de 10 años de experiencia profesional, y se fortalece para cumplir con la proporción establecida en la LOPGJ, donde la proporción debe ser uno a cuatro. Como novedad, Se crea el cuarto turno para la carrera fiscal, que antes no existía. Las convocatorias de turno libre y cuarto turno serán simultáneas. Se pretende también agilizar las pruebas: primero se realiza la prueba escrita eliminatoria y solamente los aprobados pasan a la evaluación de méritos. 

Una de las medidas más reconocidas, incluso también por los que critican la reforma, son las becas para opositores con rentas bajas (becas SERÁS). Contarán con una cuantía mínima equivalente al salario mínimo interprofesional, con duración de hasta cuatro años. Son las becas SERÉ, cuya previsión es de 1.134 euros al mes en 2025, con previsión de aumento. En este sentido, cabe preguntarse por qué no se establecen becas idénticas para quienes quieran estar cuatro años preparándose cualquier otra oposición pública. ¿No estaría nada mal poderse plantear cuatro años, cobrando mil euros al mes, dedicándonos única y exclusivamente a estudiar y prepararnos unos exámenes, verdad? Lo llamativo es que para los jueces y fiscales sí se piensa en esta opción, pero para un maestro, un médico, o un interventor de Ayuntamiento, no. Un trato demasiado diferencial que genera suspicacias lógicas. 

Otra de las medidas que se han valorado positivamente, al menos de momento y por parte de los jueces y fiscales es la que elimina la incompatibilidad para que los jueces sustitutos puedan ejercer otras profesiones cuando no estén activos. Se pretende convertir el Centro de Estudios Jurídicos en una red pública de preparación de opositores, que además tendrá distintos locales habilitados en distintas provincias del país. Se crea un registro público de jueces y magistrados que preparan a opositores, que reforzará la supervisión de dicha actividad por parte del CGPJ. Se introduce el ascenso automático por antigüedad de juez a magistrado a los cinco años y se impulsan las especializaciones en violencia sobre la mujer y en el ámbito mercantil.

Uno de los puntos más sorprendentes es el que señala que se ampliará la plantilla de la Comisión de Ética Judicial, que pasará de estar conformada por nueve miembros: los cinco actuales elegidos por los propios jueces y cuatro que ahora serán elegidos por las Cortes Generales. Una medida criticada porque compromete su independencia y convierte un órgano técnico y consultivo en un instrumento vulnerable a injerencias externas. Se denuncia que esta configuración politizada amenaza la credibilidad de sus dictámenes y menoscaba la función ética que debe ejercer dentro del Poder Judicial.

Juzgue usted y vaya sacando sus conclusiones. Es importante que el ciudadano también participe, pues el Ejecutivo acaba de tomar una serie de decisiones sobre el judicial, que deberán pasar por el legislativo mientras usted, pueblo soberano, no se entera de absolutamente nada. ¡Menuda democracia esta!