Sacar adelante la Ley de universalización de la asistencia sanitaria —aprobada finalmente en junio del 2017— fue la primera decisión relevante que, junto con mi equipo, tomé nada más llegar al frente del Departament de Salut en enero del 2016. Hacer de la asistencia sanitaria un derecho garantizado para todos los ciudadanos de Catalunya —independientemente de su situación administrativa— ha sido siempre un rasgo distintivo, y a proteger, esencial para el modelo de salud catalán desde la restauración de la democracia. De hecho, esta idea de la salud como un derecho universal fue también uno de los principios inspiradores de la Ley General de Sanidad (ley Lluch) de 1986 y fue el Real Decreto 16/2012 del gobierno del PP el que modificó por la puerta de atrás un sistema sanitario que, con respecto a la universalidad de acceso, había disfrutado hasta entonces de un consenso en el conjunto del Estado poco habitual en otras materias sociales.

Catalunya ha garantizado siempre la salud a todos sus ciudadanos, a todos los que viven allí. Antes del Real Decreto y también después. Por justicia con los beneficiarios directos del hecho de que la asistencia sanitaria no esté vinculada a una determinada situación administrativa, pero también para proteger al resto de la población que, a pesar de tener garantizado el acceso al sistema sanitario en cualquier caso, sin la universalización vería su propia salud individual menos protegida. Porque, en efecto, tener una parte de la población no cubierta supone un riesgo de incremento de epidemias y enfermedades contagiosas que al final se propagan libremente entre los que conviven en un mismo espacio social. Los virus y las bacterias no conocen de barreras administrativas. Por esta razón, por un elemental sentido de la democracia —en una sociedad verdaderamente democrática no puede haber ciudadanos de primera y de segunda, y menos todavía en relación con un derecho tan importante— pero también una cuestión de salud pública, no nos podemos permitir dejar una parte de la población sin atender sanitariamente. No en vano la OMS ha decidido lanzar este año 2018 una iniciativa destinada a que todos los países del mundo avancen hacia la cobertura sanitaria universal.

Por eso, los mejores expertos en salud pública de nuestro país no han dejado de recordar que el Real Decreto 16/2012 fue una verdadera irresponsabilidad, analizado en términos estrictamente científicos. La ley de universalidad de la asistencia sanitaria pretende proteger el ejercicio de este derecho tan central por la vía jurídicamente más robusta: blindándolo mediante una ley que lo reconozca como lo que es, como un derecho, y que establezca cuáles son los requisitos para acreditar la condición de ciudadano —empadronamiento y otros criterios de arraigo, a desplegar reglamentariamente— a la cual va asociado.

Calidad, equidad, sostenibilidad: este es el triángulo mágico que define un modelo sanitario, el catalán, del cual hoy en día todavía podemos estar muy orgullosos. Este es el sistema que el 155 amenaza

Esta ley, una de las que ha contado con más consenso de la pasada legislatura (73,5% votos afirmativos, 18,5% abstenciones, 8% en contra), explica mejor que mil discursos qué tipo de país queremos ser. Un país de derechos y de justicia social. Y con un estado del bienestar de calidad: sabemos que si algún pilar de nuestro estado del bienestar se puede comparar con el de los mejores países de Europa —seguramente el único— este es nuestro sistema sanitario. Un sistema de salud que —a pesar de tener una financiación por cápita bastante por debajo de la media de países con renta per cápita comparable a la catalana, a causa de la infrafinanciación crónica a la cual lo ha sometido desde hace décadas el estado español— en calidad asistencial y en resultados está entre los mejores del continente. Y que al mismo tiempo lleva hasta las últimas consecuencias los principios de equidad y de justicia, garantizando —si podemos, por ley— su acceso universal. Calidad, equidad, sostenibilidad: este es el triángulo mágico que define un modelo sanitario, el catalán, del cual hoy en día —a pesar de sus problemas estructurales y los ingentes retos de futuro en los cuales se enfrenta— todavía podemos estar muy orgullosos. Este es el sistema que el 155 amenaza.

Esta ley que explica el país que queremos ser es la que ahora el gobierno de un partido que en el Parlament de Catalunya sólo dispone de 4 escaños ha decidido recurrir. El recurso del gobierno del PP es lamentable, pero más lamentable será que el Tribunal Constitucional le acabe dando la razón, si eso acaba pasando, ¿querrá decir eso que la universalidad del derecho a la salud es contrario a la Constitución española?

Si se dejara sin cobertura aquella parte de la población —114.000 personas— que la ley incorpora de pleno derecho en el sistema sanitario, su mortalidad aumentaría. Según un reciente estudio del CRES (Centre de Recerca en Economia de la Salut de la UPF), la mortalidad se incrementó un 15% entre los inmigrantes irregulares a causa de la contrarreforma hecha por el PP en el 2012. Pero los diferentes actores que configuran el ecosistema sanitario catalán no nos quedaremos con los brazos cruzados: aunque la ley hoy esté suspendida, aunque eso disminuye las garantías legales del derecho a la salud, tanto la administración, las organizaciones de la sociedad civil como los profesionales —a través de sus Colegios— ya han manifestado públicamente que utilizarán todos los instrumentos disponibles para seguir garantizando la cobertura sanitaria a todos los ciudadanos. Consenso político, social y profesional para preservar la universalidad del sistema, por más recursos e impugnaciones que presente la derecha española.

De hecho, el vínculo entre asistencia sanitaria y la cotización social que recupera el Real Decreto 16/2012 no deja de ser una reminiscencia del modelo sanitario heredado del franquismo. Un ejemplo más de la regresión —ahora en la esfera de los derechos sociales, al igual que la sufrimos en la esfera de los derechos civiles y políticos— hacia un régimen que ingenuamente creíamos enterrado. Si queremos una República, es para poder hacer leyes como esta sin que nadie nos las amenace ni las combata. Queremos una República para estar seguros de que proteger un derecho tan básico como el derecho a la salud y hacerlo para todos los ciudadanos no es anticonstitucional, sino al contrario. Queremos una República la Constitución de la cual no sólo permita el acceso al sistema de salud como un derecho universal, sino que obligue a los poderes públicos a garantizarlo. Es por cosas como esta que queremos una República.

 

Toni Comín es conseller de Salut