Las elecciones del 12 de mayo imprimieron un giro drástico en la política catalana. Las fuerzas independentistas -divididas, agotadas y enfrentadas entre ellas- perdieron la mayoría en el Parlament, mientras el PSC consiguió ganar las elecciones, con 42 diputados de los 135 de la cámara. Un año después, los independentistas siguen asándose en su travesía por el desierto, pero Salvador Illa tampoco ha conseguido la "normalidad" que pregonaba. Atrapado por las exigencias de ERC y Comuns en abierta competición para demostrar quién condiciona más al ejecutivo, el líder socialista gobierna sin los presupuestos que prometió y sin poder aplicar las propuestas que le tenían que situar en el carril de la codiciada centralidad política. El mundo económico se ha convertido en la voz más crítica con la deriva del Govern. Si hace dos semanas la patronal Foment del Treball planteó abiertamente un pulso a Illa por su política fiscal y de vivienda, este miércoles fueron los empresarios del Cercle d'Economia los que le enseñaron los dientes y le instaron a buscar acuerdos también con Junts.
El 12-M no solo giró la espalda al independentismo, por primera vez desde las elecciones de 1980 los partidos de dependencia española consiguieron superar a los partidos catalanes. Junts, con 35 escaños, sumó tres diputados más a su grupo, pero la caída de 13 diputados de ERC, que quedó con 20, y de 5 diputados de la CUP, que se quedó con solo 4 escaños, representó la desaparición de 15 escaños independentistas en el Parlament.
Sin retorno de Puigdemont
No era el resultado que esperaba Junts, que no pudo materializar el anunciado retorno de su candidato, Carles Puigdemont. El día de la investidura de Illa, el líder de la formación ni siquiera pudo acceder al Parlament en medio de una implacable persecución policial. El congreso de Junts, que se celebró el mes de octubre, volvió a situar a Puigdemont al frente de la dirección. No obstante, y a pesar de liderar la oposición, este partido se arriesgaba a caer en una evidente intrascendencia si no hubiera sido por las elecciones generales de noviembre del 2023, que dejaron en manos del grupo de Míriam Nogueras el voto decisivo para el gobierno de Pedro Sánchez.
Para ERC, el 12-M representó el inicio de uno de los episodios más convulsos de la historia reciente del partido. Al día siguiente del derrumbe en las urnas, el enfrentamiento soterrado entre Oriol Junqueras y Marta Rovira estalló en una guerra abierta, que hizo evidente la profunda grieta que dividía al partido desde hacía meses, y que se agravó al salir a la luz los escándalos de la política de comunicación de los republicanos, con la estructura B del partido, los ataques de falsa bandera y la campaña contra los Maragall. En diciembre las primarias confirmaron a Junqueras como líder de ERC, pero fueron necesarias dos vueltas para que consiguiera el 52% de los votos; un resultado demasiado ajustado, como ha demostrado la victoria de los críticos en el último congreso de la Federación de Barcelona, que ha ilustrado la fragilidad de los equilibrios internos.
En medio de su guerra fratricida, desde el día siguiente de los comicios del 12 de mayo, ERC contempló la repetición electoral como el peor escenario. Las negociaciones con el PSC para la investidura de Illa se cerraron a finales de julio con un acuerdo para una nueva financiación singular. Esquerra consultó a la militancia que avaló el pacto por un ajustado 53,5% de los votos. De nuevo, el partido paseaba sobre un alambre muy delgado.
Illa, president
Illa fue investido president de la Generalitat en un debate de velocidad inusitada, en que el interés estaba más concentrado en comprobar si en cualquier momento aparecía Puigdemont dentro de la cámara que no en la evolución de intervenciones en el atril. El retorno de la "normalidad" se convirtió desde el primer momento en una especie de karma del nuevo Govern. Solo aterrizar en el Palau de la Plaza Sant Jaume, y a pesar del indispensable apoyo de ERC, el gabinete de Illa se encargó de instalar por primera vez desde la restauración de la Generalitat una bandera española en el interior. Toda una declaración de principios.
El nuevo president no se ha cansado de repetir a lo largo de estos meses el discurso de la recuperación de una política de diálogo y colaboración con el Estado, que debía facilitar una remontada económica de Cataluña. "Las tornas han cambiado, hoy Catalunya es garantía de lealtad y cooperación institucional, promueve la política constructiva que tanto necesitamos recuperar, ofrece cooperación público-privada y el músculo inversor para que las mejores empresas encuentren el mejor entorno para desarrollarse", ha asegurado repetidamente en el marco de la conferencia Catalunya lidera que ha repetido en Barcelona, Madrid o Brujas.
No obstante, Illa no ha tardado en constatar que la "normalidad" que defiende no sería tan fácil de imponer. Después de renunciar a presentar los presupuestos del 2024, su promesa de aprobar los presupuestos del 2025 antes del 1 de enero se evaporó también en cuestión de semanas, justo el tiempo necesario para constatar hasta qué punto el proceso congresual de ERC, que se ha alargado durante meses, ha condicionado la evolución de los acuerdos de investidura -en Catalunya y al Ayuntamiento de Barcelona-. Tras la prórroga presupuestaria, cada uno de los suplementos de crédito que ha aprobado el Govern le han obligado a intensas negociaciones con los socios de ERC y, de rebote, también con los Comuns, en abierto pulso con los republicanos para ver quién impone con más contundencia sus propuestas. Las constantes y agotadoras negociaciones con los socios de investidura han exigido contrapartidas al Govern, que le han ido apartando de la centralidad que pregonaba.
Bronca del empresariado
De rebote, estos movimientos han distanciado al Govern del mismo mundo económico y empresarial catalán que meses antes había apoyado con entusiasmo al candidato socialista y que ahora contempla con desencanto la falta de respuesta del president a cuestiones que se arrastran desde hace años como la ampliación del aeropuerto o a incógnitas de urgente actualidad como la opa del BBVA sobre el Banc Sabadell. La patronal Foment del Treball ha planteado un pulso abierto a Illa y ha instado a los partidos a buscar alternativas a la política de vivienda del ejecutivo, que describe como "el ataque mayor en democracia en la propiedad privada", y la política fiscal.
Pero la tensión no es solo con la patronal. Las jornadas del Cercle d'Economia de esta semana han hecho evidente sin ambages la preocupación que entre la clase económica catalana provoca la dependencia que tiene el PSC de los votos de ERC y los Comuns. "Hay medidas que está poniendo en marcha que no me parecen las más adecuadas, surgen de la necesidad de pactar con partidos alejados de la centralidad política del país", reprochó este miércoles a Illa el presidente del Cercle, Jaume Guardiola, además de instar-lo abiertamente a buscar acuerdos también con el partido de Puigdemont. No fue el único aviso que tuvo que escuchar Illa en un cónclave empresarial, que acogió su intervención con frialdad y simples aplauso de cortesía.
Crisis
El conflicto con los empresarios no ha sido el único obstáculo con que ha tropezado Illa. En poco más de ocho meses, el president ha tenido que lidiar con una grave crisis de Rodalies, por la cual tuvo que comparecer en el Parlament sin poder cargar las responsabilidades en el histórico déficit de inversión del Estado a las infraestructuras de Catalunya, responsabilidad también de los sucesivos gobiernos del PSOE. Igualmente, el apagón que dejó a oscuras todo el estado español el lunes de la semana pasada, ha pasado factura al ejecutivo, al cual se acusa de no informar con suficiente rapidez y transparencia sobre la situación, dado que el president no compareció hasta pasadas las 20 horas para dar cuenta de una crisis que había empezado cuando pasaban 32 minutos de las doce del mediodía.
La normalidad que había prometido Illa se ha acabado demostrando mucho más agitada de lo previsto. Aunque la oposición al Govern aparece desunida y sin un rumbo claro, un año después del 12-M los socios de investidura se encargan de recordar día sí día también al president que fueron sus votos los que le abrieron la puerta al Palau de la Generalitat. La última vez, este mismo miércoles, cuando después de semanas de negociaciones los Comuns fulminaron un decreto pactado por el Govern con ERC para aplazar la misma tasa turística que previamente el ejecutivo había pactado con la formación morada. Fue el primer decreto que el Parlament ha tumbado al ejecutivo. Con todo, ahora mismo para Illa el reto más urgente es conseguir dar respuesta a la financiación singular acordada con ERC para la investidura y que, según el pacto, se tendría que formalizar antes del 31 de julio de este año. Menos de tres meses, pues, para materializar el acuerdo del cual, según asegura Esquerra, depende de que también el año próximo el gobierno catalán y el español se vuelvan a quedar sin presupuestos. Un nuevo modelo que, por cierto, también le exigían esta semana los empresarios.