Las razzias organizadas de batallones de extrema derecha siguen campando impunemente por Catalunya. Crecidos al amparo del Estado, alimentados por el discurso real del 3 de octubre, espoleados por cada nuevo discurso incendiario de Ciudadanos, por cada bravata de un PP que ahora se disputan con feroces discursos anticatalanes, acompañados por nefastos personajes del PSOE como Josep Borrell, escoltados por el silencio criminal de una justicia que cierra los ojos y consentidos por unas televisiones españolas que mantienen un discurso que convierte las violentas actuaciones de la extrema derecha en actos de cívicos y heroicos patriotas, multiplican sus ataques violentos.

Nada podemos esperar de la Guardia Civil y la Policía Nacional, no los pararán. Cómo lo van a hacer si tantas veces hemos constatado la connivencia vergonzante de unos y otros. Pero la seguridad pública en Catalunya es competencia de los Mossos d'Esquadra. Y estos la tienen que ejercer. Para ser más explícitos, sus mandos políticos y policiales tienen la obligación política de ordenar parar la violencia gratuita en la calle, de velar por proteger la integridad física, la libertad de expresión y opinión. Y estos harán lo que toca, seguro, y con eficacia. Tal como demostraron con el atentado terrorista del 17 de agosto. Sólo hacen falta órdenes claras y precisas.

Cada vez proliferan con más desvergüenza. En todo el país, como si quisieran convertir las calles de Catalunya en una extensión de los del País Valencià, donde desde hace años y años operan batallones fascistas para intimidar toda disidencia, sin obviar palizas, bombas o asesinatos que salen muy baratitos.

Los batallones fascistas son un problema policial y las provocaciones de Arrimadas y Ciudadanos, un problema democrático que evidencia las carencias del estado de derecho

En Santa Maria d'Oló, hace escasos días, irrumpieron una banda de fascistas provenientes de Terrassa a limpiar las calles de lacitos. Es el segundo enfrentamiento con los vecinos que protagonizan y el tercero en que visitan el pueblo. El último día agredieron también al alcalde y a un vecino. Mientras eso pasa, Arrimadas pasea su odio por Canet, allí donde un grupo de vándalos encapuchados atacaron a vecinos. La connivencia de Arrimadas con la violencia de la extrema derecha es tan evidente que si no ha actuado la fiscalía contra los delitos de odio es porque esta está sencillamente pensada para proteger a los fascistas y su clamorosa impunidad. Los vecinos han presentado denuncia, tenían matrículas de los coches de los agresores. Los jueces silban, la fiscalía se lo mira y transige.

Pero lo que no puede pasar es que nuestra Policía no actúe de inmediato, primero disolviendo con toda la contundencia que pida la ocasión las actuaciones de estos batallones y, en segundo lugar, procediendo a detener a todos los violentos. Aceptamos que con el paréntesis del 155 el fascismo haya hecho de las suyas. Ahora hay mandos políticos y policiales nuevos. Y la impunidad fascista ahora se tiene que acabar. No hay excusa. Los batallones fascistas son un problema policial y las provocaciones de Arrimadas y Ciudadanos, un problema democrático que evidencia las carencias del estado de derecho y una trampa en la que no podemos caer y a la cual nos quieren arrastrar. Como también es imprescindible que el Govern, el nuestro, ponga en marcha de inmediato la Oficina de Defensa de los Derechos Civiles y Políticos ante la ausencia de la justicia oficial.