El gobierno español ha decidido realizar una nueva regularización extraordinaria de inmigrantes. Será la séptima regularización extraordinaria que realiza el Estado español y, por tanto, no será extraordinaria. Las cosas verdaderamente extraordinarias no suelen ocurrir y suelen ser únicas. Las anteriores se efectuaron en 1986, 1991, 1996, 2000, 2001 y 2006. Todos los gobiernos españoles, salvo el gobierno de Mariano Rajoy, lo han hecho y, por tanto, es una política que ha promovido tanto el PP como el PSOE. En total, estos seis procedimientos sirvieron para regularizar a más de 1,2 millones de personas, muchas de las cuales aprovecharon esta regularización para pedir el reagrupamiento familiar y llevar a España aún más personas. De este gentío, una parte notable ha obtenido ya la nacionalidad española, y está demostrado que estos nuevos ciudadanos españoles votan mayoritariamente a los partidos de izquierdas de ámbito estatal (oh sorpresa). La nueva regularización arreglará los papeles de más de medio millón de personas, muchas de las cuales también pedirán el reagrupamiento familiar. A nivel político, la decisión va en sentido contrario al resto de Europa, por mucho que Pedro Sánchez se llene la boca hablando de solidaridad con los socios y de la necesidad de apostar por el multilateralismo. No solo la mayoría de países europeos aplican medidas cada vez más restrictivas a la inmigración, sino que la propia Unión Europea (UE) rechaza las regularizaciones extraordinarias y unilaterales. Sin ir más lejos, en 2024 se pidió que este tipo de medidas fueran consensuadas entre los Estados miembros, porque en Europa no hay fronteras y existe, por suerte, el libre movimiento de personas. La política migratoria es conjunta y, aunque los Estados tengan sus competencias, lo que decida un socio de la UE afecta de forma inevitable al resto del grupo.
Nos podemos hacer todas las trampas en el solitario que queramos, pero lo cierto es una nueva regularización masiva mejorará la vida de las personas afectadas, pero no la vida del resto de personas de este país. Al contrario. Sin ir más lejos, ayer viernes, en una crónica de TV3 frente al consulado de Pakistán en Barcelona, donde miles de ciudadanos de ese país hacen cola para pedir el certificado de antecedentes penales, la mayoría de los que hablaron lo hicieron en inglés. Solo alguno habló en castellano y, por supuesto, ninguno de ellos lo hizo en catalán, aunque aseguraban llevar años viviendo en nuestro país. ¿La lengua y la cultura catalanas saldrán ganando o perdiendo, en términos generales, con esta regularización tan masiva? No hace falta que dé yo la respuesta porque todos la sabemos. A favor de la regularización existen argumentos, por supuesto, pero son básicamente de carácter humanitario. Beneficiará a miles de personas que ya viven en nuestro país, muchas de ellas en una situación de precariedad, es cierto. Y es evidente que era necesario encontrar una solución. También beneficiará a la gran industria y a la patronal, que tendrán acceso a nuevos caladeros de trabajadores poco cualificados a los que emplear a bajo sueldo. No deja de ser paradójico, por cierto, que el principal impulsor de esta medida, Podemos, le haga el trabajo a los grandes industriales y al sector turístico.
La inmigración descontrolada colapsa y degrada los servicios públicos, perjudica a la lengua catalana y dificulta aún más el acceso a la vivienda, entre otras cosas
Sin embargo, aparte de las razones humanitarias y las razones laborales, no hay nada que justifique esta regularización. A estas alturas, ya ha quedado demostrado que la inmigración descontrolada colapsa y degrada los servicios públicos (sanidad, escuela, ayudas sociales, transportes, etc.); perjudica a la lengua catalana (a pesar de los miles y miles de ejemplos loables en sentido contrario); dificulta aún más el acceso a la vivienda, sobre todo en el área de Barcelona, donde no se construye prácticamente nada mientras no para de llegar gente; dificulta la cohesión social, porque la integración de los recién llegados, y de esto en Catalunya somos expertos, debe hacerse con tiempo y con un flujo moderado de personas; favorece una economía de escaso valor añadido y salarios bajos y, por tanto, perjudica a las personas que tienen menos ingresos, porque nunca podrán competir con quien está dispuesto a realizar el mismo trabajo cobrando aún menos, y, finalmente, no solo no ayuda a pagar las pensiones, sino que hace la bola más grande porque aportan poco a la caja común y también, por supuesto y como es lógico, acabaremos pagando sus pensiones en el futuro. En resumen, esta decisión servirá para agravar la situación general de Catalunya, que no es positiva en ningún aspecto, salvo las cifras macroeconómicas, que no tienen ningún impacto positivo en el bolsillo y el bienestar de las familias.
Esta es la realidad y el resto es propaganda. Ante esta situación, que es inevitable porque el gobierno español no tiene el valor de llevar la medida al Congreso y por eso la aprobará con un real decreto (lo cual es indicativo de la confianza del gobierno en su mayoría parlamentaria y de su talante escasamente demócrata), el catalanismo político solo puede aceptar esta regularización masiva con dos condiciones: que sea la última (por ley, si es necesario) y a cambio del traspaso integral de las competencias en la materia, de modo que, de ahora en adelante, el permiso de residencia y trabajo, en nuestro país, lo dé la Generalitat de Catalunya. También debe ser la administración catalana quien elabore los informes de arraigo, con una demostración real de conocimientos de la lengua, la cultura y la realidad catalanas. Y también debe ser la Generalitat de Catalunya, con la concurrencia de los Mossos d'Esquadra, quienes velen por el cumplimiento de las órdenes de expulsión. Como decía el president Jordi Pujol, "es catalán quien vive y trabaja en Catalunya", pero muchos han olvidado que también añadía "y quiere serlo". Por tanto, deberá ser el Govern de Catalunya, y no el Estado, quien se asegure de que la máquina de hacer catalanes siga funcionando y no se estropee definitivamente.