El juicio del caso Pujol en la Audiencia Nacional, que se inició formalmente el pasado 24 de noviembre, y que investiga el origen del patrimonio de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol bajo acusaciones de organización criminal, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública, está muy lejos de evidenciar lo que determinada clase política y medios de comunicación esperaban. Aquí no se ha probado ningún caso de comisión en los 23 años que Jordi Pujol ocupó la presidencia de la Generalitat y los diferentes testigos citados por la Fiscalía niegan, uno tras otro, que ello se haya producido. La percepción de que la Fiscalía está perdiendo fuerza en el caso Pujol se debe a varios reveses procesales y testimonios clave durante las sesiones de marzo de 2026, aunque, por ahora, mantiene su acusación basándose en el volumen de fondos no justificados.

En cambio, sí se ha ido probando el papel de la policía patriótica y de la operación Catalunya como motores imprescindibles sin los cuales el denominado caso Pujol no existiría. Este miércoles ha comparecido como testigo el banquero extorsionado por el Estado español a través de la policía española. No suele ser frecuente la claridad y contundencia de Higini Cierco, el propietario —junto con su hermano Ramon— de la Banca Privada de Andorra (BPA) y de la filial Banco Madrid, entidades intervenidas y cerradas en marzo de 2015, en el marco de la operación Catalunya. Cierco relató cómo Celestino Barroso, agente de la policía española y agregado de Interior de la embajada española en Andorra, le pidió en junio de 2014 que colaborara con ellos y le amenazó con que, de no ser así, el banco moriría y se lo quedaría una empresa americana, tal como finalmente acabaría pasando. 

El juicio del caso Pujol en la Audiencia Nacional está muy lejos de evidenciar lo que determinada clase política y medios de comunicación esperaban

Que eso fue así, sin duda alguna, quedó ratificado más tarde en la Audiencia Nacional por el propio Barroso, quien no ha tenido ningún problema en afirmar ante el tribunal que juzga a los Pujol que solo comunicó un mensaje que le había encargado el entonces comisario de la policía española en Barcelona, Pedro Esteban. ¿Quién es el tal Esteban? Un expolicía con currículum importante en la operación Catalunya: vinculado con la denuncia de Vicky Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola y con la que nació la causa contra la familia Pujol Ferrusola, después de hablar con la entonces líder del PP, Alícia Sánchez-Camacho, en el restaurante La Camarga, que cerró, en 2021, en medio de todo el escándalo y la colocación de micrófonos en uno de los salones. Más cosas: el comisario Esteban, que el 2016 pasó a la actividad privada, también estaría implicado en la operación Catalunya y su voz sale en alguno de los audios grabados por el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Cierco ha calificado el mensaje de Barroso de dantesco y película de terror, y ha dejado claro que lo que querían saber era si la BPA tenía cuentas de las familias Pujol, Mas y Junqueras para relatar, seguidamente, que fueron coaccionados, pero la Banca Privada de Andorra no dio los datos de las cuentas de la familia Pujol. De todo este enorme estropicio el Estado español no se ha hecho aún responsable. Persigue judicialmente a los Pujol, y los Cierco perdieron dos bancos, la BPA y la Banca Madrid. El gobierno andorrano, inexperto e incompetente, cayó entre las garras del gobierno español y de su maquinaria, y los destrozos en el Principado aún persisten. Un ejemplo de ello es la oposición del actual gobierno de Andorra, encabezado por el jefe de Gobierno Xavier Espot, y el partido mayoritario (Demòcrates per Andorra), a la propuesta de amnistía, única solución razonable para zanjar el contencioso.

Tendrá, sin embargo, que acabar llegando, ya que difícilmente va a poder seguir manifestando eternamente que las cosas en Andorra se hicieron bien. También es una falacia, como sostiene el partido en el poder en Andorra, que una ley de amnistía para un caso de esta naturaleza dejaría la Constitución andorrana en entredicho, afectando a la credibilidad de las instituciones del Principado. Al contrario, la persistencia en la búsqueda de una solución los hace sospechosos de acuerdos inexplicables con el gobierno de la época en España, presidido por Mariano Rajoy.