"Has sido un gran ministro", se apresuró Gabriel Rufián a susurrarle al oído al ministro de transportes. Óscar Puente es la cara visible de dos accidentes ferroviarios que solo en el último año suman más de un centenar de muertos. Ha sido un ministro poco interesado en su ministerio, acostumbrado a la polémica y obsesionado con la viralidad de sus redes sociales. Ha dimitido porque, después de dos carnicerías en las vías de las que era responsable de mantener en buen estado, no podía hacer nada más. No hay que ser muy listo para darse cuenta de que tras la prisa de Rufián por hacerle la pelota hay, sobre todo, la necesidad personal de ser aceptado en los círculos políticos de Madrid, de ser reconocido y validado como un español más, de ser admitido como un actor político central entre quienes ostentan el poder en las instituciones estatales. Gabriel Rufián tiene un ego desmesurado porque tiene una autoestima frágil, pero tras las carantoñas a Puente no hay solo psicoanálisis: hay política.
Cada mañana hay miles de catalanes que se ven obligados a planificar el transporte de su jornada laboral como si se tratara de comprar números de lotería. Quien dice jornada laboral, dice jornada estudiantil o, sencillamente, jornada personal. Los catalanes dependen de una red ferroviaria obsoleta y desguazada que les condiciona la vida y las decisiones y, por lo tanto, que les hace menos libres. Si consigues coger un tren de Rodalies no sabes nunca cuándo llegarás a tu destino, ni si llegarás vivo; de hecho, ni si te tendrán un rato secuestrado dentro de un túnel para amenizar el trayecto. Y es imposible hablar del mal funcionamiento de los trenes en Catalunya sin tener en cuenta que Catalunya es una nación sometida al Estado español, y que toda política que dependa de la iniciativa política española llevará incorporada de base esta vocación de sumisión. Toda, incluso la más insignificante. Ante la necesidad de un pacto con los partidos tradicionales catalanes para garantizar la estabilidad del gobierno central —sea un pacto sobre la red ferroviaria, las competencias de inmigración o la financiación—, los españoles no se olvidan nunca de que es con los catalanes con quienes pactan. Los catalanes, en cambio, pactan sobre el deseo de que los españoles pasen por alto la catalanidad. Y eso, claro, con la prioridad de la unidad española religándolo todo, no pasa nunca. Cualquier pacto con los partidos españoles acaba convirtiéndose en un pacto que beneficia políticamente al Gobierno español sin beneficiar de ninguna manera a los catalanes.
La calidad de vida de los catalanes desciende a un ritmo vertiginoso, la lengua está bajo mínimos, la escuela está desquiciada y los trenes hacen de reflejo de un país que deliberadamente han decidido hundir, pero el representante de ERC en las Cortes españolas está atareado dando lustre al ministro de Transportes español
Con el gobierno de Pedro Sánchez, sobre todo en esta última legislatura, esto que explico se ha revelado más diáfano que nunca. ERC y Junts, sabiendo que aquello que pueden sacar no mejora de ninguna manera palpable la vida de quienes dicen representar, defienden apuntalar de nuevo un gobierno socialista acríticamente. La calidad de vida de los catalanes desciende a un ritmo vertiginoso, la lengua está bajo mínimos, la escuela está desquiciada y los trenes hacen de reflejo de un país que deliberadamente han decidido hundir, pero el representante de ERC en las Cortes españolas está atareado dando lustre al ministro de Transportes español. Y en Junts, que se esfuerzan por diferenciarse, han decidido denunciar penalmente por homicidio imprudente a Adif, Renfe, y la Dirección General de Carreteras estatal por el accidente ferroviario de Gelida del 20 de enero, casi un año después. La política del "que no se diga" tiene las piernas bastante cortas, también en campaña y sobre todo cuando te las das de "hacer mucho trabajo" sin que nadie sepa exactamente qué trabajo haces.
Siendo así las cosas, siendo cualquier pacto posible una promesa envenenada, estando los partidos tradicionales catalanes completamente entregados a la causa de que el partido de los socialistas continúe en el gobierno —sin tener en cuenta, parece, cómo esto refuerza el gobierno de Illa en Catalunya— se hace imposible no preguntarse: ¿quién defiende a los catalanes? ¿Nos tenemos que resignar a esta intemperie perpetua? ¿Tenemos que aceptar que la única manera de ser catalán en Madrid es aceptando la política que desde Madrid se hace contra los catalanes? Hay quien aboga por la abstención porque entiende que es imposible hacer nada desde el Congreso español —más allá de los pactos— que no acabe convirtiéndose, al final, en españolismo. Y hay quien piensa que mientras Catalunya dependa de España, toda institución catalana es de facto española, y que renunciar a determinados espacios es renunciar a la posibilidad de altavoces necesarios para reactivar un independentismo con opciones políticas reales. Las consecuencias políticas que se derivan son distantes, pero tanto los abstencionistas como los potenciales votantes de Alhora parten de una idea compartida, una diagnosis cada vez más transversal: que los partidos tradicionales catalanes no defienden a los catalanes, y que los catalanes se resienten de esta intemperie en su día a día. Y que los susurros de Rufián a Puente al oído son la metáfora perfecta de lo que a muchos les ha llevado a decir basta.