La ventaja de ser antifranquista era (es) que se trataba de una dictadura militar impuesta por un golpe de Estado. Ya podía hacer pantanos y fábricas y Ciutats Badías, que la mancha en la frente entre gorra y gafas oscuras era demasiado imborrable. Régimen sanguinario, ilegítimo, no votado y represor. El gran problema que vivimos hoy es que el franquismo, en cambio, se vota. Y tiene posibilidades de ganar, como no debería sorprender en un Estado que optó por transicionar más que por romper. Un Estado que no solo está lleno de franquistas, sino que bebe de una cultura franquista tan generalizada que muchos ni siquiera son conscientes de que la llevan allá donde van. Socialistas incluidos. Ahora que los catalanes sabemos que la represión perdura, y que no es dictatorial, pero sí despiadada cuando quiere, y que el rey todavía es jefe de las fuerzas armadas, y que la Transición no fue ningún pacto (y si alguna vez lo fue, se ha roto), y que estamos en el único Estado del mundo (del mundo) donde se ha intentado encarcelar a todo un gobierno democráticamente escogido en las últimas décadas, ahora que sabemos todo esto, podemos decirlo con más intensidad que nunca: el problema nunca fue Franco; el problema fue el franquismo cultural que ya existía antes de Franco, el que todavía manda y el que todavía tiene que mandar más.

Este artículo no pretende negar los progresos que ha hecho la sociedad española en las últimas décadas en términos de democratización, de europeización, de incorporación de valores sociales e incluso progresistas (a pesar de que, por alguna razón, solo en Catalunya se han prohibido los toros). El problema es que todo esto ha sido insuficiente o, dicho de otra forma, excesivo: si ya el sector más conservador de la sociedad española ha tenido dificultades en aceptar valores que llaman woke, como los del movimiento LGTBI, el aborto o la eutanasia, lo que ya ha resultado intolerable ha sido el factor inmigratorio (el mismo detonante que en otros puntos de Europa y del mundo, en efecto), o sobre todo —y esto es más único y particular— ver a España en riesgo real de ruptura territorial por primera vez desde 1931. Justo como por aquellas fechas, este ha sido el detonante final que ha colmado el vaso de las cavernas. Ya entonces era poco digerible el triunfo del republicanismo español o de los pactos de San Sebastián, pero lo que lo aceleró todo fueron las repúblicas catalanas proclamadas por Macià y Companys con tres años de diferencia. Ahora, lo ha sido la DUI. Y la respuesta que España ha dado, primero ha sido de represión y persecución, después de diálogo yermo (más allá de la amnistía, ni una concesión) y, finalmente —que es donde estamos ahora—, de retorno al blindaje sin necesidad de armas: en otras palabras, vota Franco.

El problema nunca fue Franco; el problema fue el franquismo cultural que ya existía antes de Franco, el que todavía manda y el que todavía tiene que mandar más

El independentismo ha vivido argumentalmente bien tras el hecho incontrovertible de los abusos de la dictadura, y por eso ha vivido relativamente bien también en el infértil bipartidismo español que le ha permitido, a veces, influir, pero nunca reformar nada. Tampoco romper. Como máximo, y no es poco, resquebrajar. Ahora la sociedad española responde tratando de tapar esa grieta (no definitiva, pero profunda) a través del enrocamiento que puede proporcionar el voto franquista, que nos vestirán de regreso al orden en un contexto de malhechores (como ya sucedió con Primo de Rivera), pero que, en realidad, será un regreso a la autoridad. A una sola. Y, a diferencia de las dos dictaduras, nadie podrá decir que esto no ha sido lo que ha votado la gente: "el franquismo que nos dimos entre todos" será. Cómo replicar a esto argumentalmente, pero también en el terreno de los hechos consumados, es el nuevo reto del independentismo. Como precedente, tenemos aquella argumentación de los jueces y de los cínicos, como Illa, según la cual el 155 "es legal" y, por lo tanto, debemos suponer que pegar a votantes y requisar urnas tampoco es otra cosa que "legal". Tendremos, en efecto, una glorificación de la ley vigente y un intento de regreso a viejos códigos penales y viejas interpretaciones jurídicas. Como todo deriva de una Constitución supuestamente democrática, dirán que no hay nada que objetar. Que solo los sediciosos y los antisistema discuten o desobedecen la ley. Que Europa permite ideologías, pero no ilegalidades.

Ya aviso que existen varias formas de hacer cosas dentro de este marco supuestamente represor y claustrofóbico y que —tal como sucedió en 2017— hay grietas perfectamente viables, incluso legalmente indiscutibles que, si se tiene suficiente fuerza, pueden llevar directamente a los objetivos deseados. No hace falta entrar en detalles, pero son bastante evidentes. Por lo tanto, hay que dejar de preocuparse por la ley, que es el terreno donde siempre nos quieren hacer jugar, y concentrarse en los hechos, consumados o por consumar; lo que realmente podemos hacer en términos políticos, que es mucho. En el terreno de la política, que es donde dicen que ahora nos moveremos, una vez aplicada la amnistía, es donde verdaderamente tenemos las cartas ganadoras. Política no significa solo partidos: significa política. Repasen ustedes todo el procés (y los anteriores procesos del país) y verán a qué me refiero. Y es que, si es cierto que España decide votar a Franco, esto no es ninguna fortaleza, sino una flagrante debilidad. Ya lo demostró Aznar, ya lo demostró Rajoy. En el juego del ajedrez, no está permitido enrocarse si el rey está en jaque.