El artículo 14 de la Constitución establece el principio de igualdad y su correlato de no discriminación. En efecto: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Por su parte y, de cara al ejercicio del servicio público, su artículo 23. 2 decreta que los españoles "tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes".

Ambos preceptos, el segundo consecuencia del primero, son una pura ilusión si el asunto tiene que ver con el independentismo. A pesar de haber sido declarado el independentismo legal y legítimo de todas todas, sin restricciones, tales declaraciones se demuestran en la práctica poco más que declaraciones semánticas.

Observe el lector que hablo de independentismo no de independentistas. O lo que es lo mismo: amplío notablemente el radio de acción del territorio donde las precitadas declaraciones constitucionales tienen más de papel mojado que de otra cosa.

Si no, que se lo pregunten al profesor Antonio Cabrales, por lo visto excelente catedrático de Economía, por unas horas consejero del Banco de España. ¿Por qué su breve mandato? La razón, obvia para los constitucionalistas españoles: había firmado uno carta de felicitación a su colega la profesora Ponsatí por su nombramiento como catedrática de la universidad escocesa de Saint Andrews.

Una vez más, los constitucionalistas, los españoles, sin despeinarse, pasan por encima de la Carta Magna —de la cual exigen un cumplimiento ciego, acrítico y dogmático a los demás— y discriminan ideológicamente

Que los legales y legítimos independentistas confesos lo tienen crudo, aunque no tengan ningún tropiezo con la justicia, ya lo sabíamos. Es lo que tiene la represión soterrada. Lo que ahora sabemos es que si un no independentista —no consta que el profesor Cabrales lo sea— felicita por un hito profesional a una colega que sí lo es y lo es abiertamente —y ahora, además, inmune a la justicia española después de la reforma del Código Penal—, está sentenciado.

La conclusión, si por cualquier motivo se demuestra afinidad o estima, no ya política, sino meramente personal o profesional a alguien notoriamente vinculado con el independentismo, aunque el atento o el afectuoso diste mucho ideológicamente de esa persona, queda contaminado de tal manera —igual que si fuera indepe de pies a cabeza— para acceder, al margen de su capacidad, a desarrollar las funciones públicas, por razones ideológicas. Todo lo contrario de lo que proclaman, como es debido, los dos artículos constitucionales mencionados, además con constante jurisprudencia que profundiza en ellos.

Por si alguien no lo había notado, para los constitucionalistas españoles, ser indepe o amigo o conocido de indepes es una tara que fundamenta la discriminación en razón de opinión política —será por osmosis, supongo— y hace que la competencia —de la cual no se puede decir que vayamos sobrados— importe un bledo.

Además, tanto el proceso de designación del Prof. Cabrales como el resto de los cargos que, materialmente, dependen de los partidos, es claramente fruto de la lottizzazione (reparto de los cargos de designación por cuotas: gran invento italiano). Así, el cargo se convierte en propiedad de quien lo ha designado, aquí, el antisistémico PP. En efecto, lo propone al Gobierno y este lo designa, pero pocas horas después, descubierta la carta de felicitación, Gamarra, su secretaria general, lo llama para que lo deje. Inteligente, Cabrales lo deja. Ha dado una lección: es un acreditado profesional, no un chupatintas oportunista que puede comer bueno y caliente cada día, y, por lo tanto, no es un títere en manos de un partido.

Una vez más, los constitucionalistas, los españoles, sin despeinarse, pasan por encima de la Carta Magna —de la cual exigen un cumplimiento ciego, acrítico y dogmático a los demás—, discriminan ideológicamente y el servicio público les importa menos que un pepino. Todo ello, bien acreditado con miles de ejemplos: desde la corrupción infinita a nombramientos de altos organismos por puro amiguismo. Como dijo en su día otra defenestrada, Pilar Miró, ¿qué es una raya más para un tigre?

EI GOI tendrá que ser ampliado más pronto que tarde.