El 24 de noviembre comienza en la Audiencia Nacional el juicio contra la familia Pujol. Esta semana, el 126º President de la Generalitat ha sido noticia por dos motivos. El primero es que su defensa ha aportado informes médicos al tribunal que lo juzgará y que confirman un principio de Alzheimer (tiene marcadores en la sangre compatibles con esta enfermedad) y un deterioro cognitivo grave. En circunstancias normales (normales quiere decir, un estado de derecho), Jordi Pujol ya habría sido apartado de la causa como ya lo fue su mujer, ahora difunta, Marta Ferrusola. Su defensa no va tan allá sino que simplemente pone en conocimiento el estado de salud de Pujol por si los jueces consideran que puede declarar en las mismas condiciones que lo haría una persona completamente sana. Lo que sí que han pedido sus abogados es que no tenga que trasladarse a Madrid y pueda seguir el juicio telemáticamente.

Y esta es la segunda noticia de la semana. Después de más de once años —tantos como la inacabable instrucción del juicio— Oriol Pujol Ferrusola ha roto su silencio. En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, el quinto hijo del president dijo, entre muchas otras cosas, que su padre sí tiene ganas de ir al juicio pero que, efectivamente, no está en condiciones físicas de seguirlo, y menos aún, in situ. En este punto de la conversación con Ricard Ustrell, Pujol Ferrusola utilizó la palabra mortal: “el cuerpo no le aguanta para ir. Puede ser mortal, como frase hecha y literal”. Ciertamente, el president —a sus 95 años— sufre diversas afecciones: motrices, neurológicas (fruto de un ictus), cognitivas, auditivas, fisiológicas y a las analíticas de sangre que confirman marcadores de alzhéimer hay que añadirle la escoliosis, es decir, una curvatura de la columna incompatible con estar ocho horas sentado en una silla, como es el caso de una sesión judicial de este tipo.

Se ha normalizado que juicios así se tengan que hacer en Madrid y solo en Madrid

A estos impedimentos para seguir la vista oral en una sala de juicios, hay que añadir que ‘el estado más descentralizado del mundo’ solo puede celebrar juicios de este tipo en Madrid, no allí donde residen los acusados o donde se han cometido los delitos. A diferencia de otros países que presumen menos de descentralización pero que lo son mucho más, la Audiencia Nacional española no tiene ninguna delegación en ningún lugar del estado y no puede descentralizar ningún juicio: todo debe pasar por la capital de la ‘villa y corte’. Los años 2023 y 2024, el actual presidente de los Estados Unidos (entonces no lo era) afrontó varios juicios por delitos federales y, haciendo gala de este federalismo, los respectivos juicios contra Donald Trump se celebraron allí donde tenía fijada su residencia o donde se había iniciado la investigación: el caso de la actriz porno Stormy Daniels se juzgó en Nueva York y el caso de uso fraudulento de documentación oficial se dirimió en Miami. Este último caso es significativo porque correspondía a aquel asunto sobre los papeles que se llevó de la Casa Blanca a la suya después de acabar su primer mandato (2016-2020). Y como la documentación usurpada estaba en una de las mansiones que Trump tiene en Florida, el juicio se celebró en Miami y no en Washington por más que la zona cero delictiva había sido la capital de la nación. En el caso Pujol, como en tantos otros, se ha normalizado que todo deba pasar por Madrid, y esto no es solo un concepto físico sino político y mental.

Con todo, la celebración del juicio llega en un momento en que hay un cierto consenso sobre la restitución política de Jordi Pujol ahora que ya han pasado 11 años de la confesión de la herencia del avi Florenci en el extranjero. Esta restitución no es solo una sensación sino que hay cientos de evidencias que así lo demuestran, tantos como actos en los que Jordi Pujol es invitado a participar, ya sea como ponente o como público. Pero si hay dos hechos clave que confirman esta restitución es que dos espacios políticos adversarios de Jordi Pujol y que en su día sacaron rédito a las acusaciones de corrupción (PSC y ERC) han eliminado el caso de su agenda, han hecho acercamientos personales y políticos a su figura y en algunos casos alguno de sus dirigentes han intentado incluso que se les proclamara, en cierta manera, herederos de una suerte de pujolismo. Y para poner ejemplos concretos, en septiembre de 2024, cuando apenas llevaba un mes como presidente de la Generalitat, Salvador Illa, recibió a Jordi Pujol en Palau rompiendo así el cordón sanitario que todo partido político le había aplicado durante años ejerciendo, de facto, una condena preventiva de ostracismo institucional. Lo que quizás no se sabe tanto es que unos meses antes, el anterior president de la Generalitat, Pere Aragonès, había diseñado un funeral de estado en caso de que Pujol muriera durante su mandato con capilla ardiente también en Palau, una distinción al alcance de muy pocas personalidades y aún menos si, técnicamente, se le han retirado los honores propios de un Molt Honorable como le pasó en 2014. Este protocolo, por cierto, continúa activo hoy en día.

Sería un contrasentido, una decepción y en cierta manera una derrota que Pujol muriera en la capital de España

Por todo ello, Jordi Pujol no puede morir en Madrid. Ni física ni políticamente, pero aún menos nacionalmente. La posibilidad de que el 126º presidente de la Generalitat sufra un deterioro fatal de su salud es muy alta. Hay tres fases de riesgo: los traslados semanales entre Barcelona y Madrid, las largas sesiones, y la estancia en la capital española en los días que hay juicio, lo que supone una alteración de la cotidianidad con todo lo que ello implica para una persona de 95 años con un principio de Alzheimer. Desde que estalló, todo el caso ha sufrido una serie de irregularidades: desde una instrucción excesivamente larga, a una filtración constante de información (muchas veces falsa como los famosos 3.000 millones de euros que quedaron en nada) además de contradicciones impropias en un estado de derecho: si Jordi Pujol es el jefe de una organización criminal (que es de lo que se le acusa), ¿cómo es que la pena que se le pide es inferior a la de alguno de sus hijos? Si Jordi Pujol es el jefe de una organización criminal, ¿cómo es que no ha ingresado en prisión?

Da la impresión, y el juicio que comenzará el 24 de noviembre es la demostración más evidente, de que lo que se buscaba con todo esto era, precisamente, que el juicio -y la condena- se hiciera antes, socialmente, mediáticamente, políticamente. Y ahora que llega el juicio real, la vista oral puede acabar sin que veamos a Jordi Pujol en el banquillo de los acusados y que la sentencia, que se prevé para 2027, pueda llegar a ser absolutoria o que como mucho quede en una irregularidad administrativa que, evidentemente, se podía haber resuelto mucho antes, en Catalunya y sin la persecución personal y política a la figura más importante que ha tenido el catalanismo en el último siglo. Y precisamente, después de una vida dedicada a la defensa de la nación catalana, a la necesidad de reivindicar su poder político y del rigor a la hora de tratar los símbolos institucionales, sería un contrasentido a su trayectoria, una decepción colectiva y en cierta manera, una derrota, que Jordi Pujol muriera en Madrid en medio de un juicio. Porque sobre todo lo que sería es, precisamente, una injusticia.