Esta semana ha comenzado el curso político 2025-2026 y, como siempre que empieza un curso político, se intenta hacer previsiones sobre cuál será la agenda de los próximos diez u once meses a partir de fechas fijas en el calendario y cierta prospectiva. Debo reconocer que me ha sorprendido un poco la manera en que una parte importante de la opinión pública ha hecho sus previsiones, sobre todo por la poca importancia que han dado a algunos elementos que, para mí, pueden ser clave y de gran trascendencia.

El primero es la corrupción. Por más estructural que sea la corrupción en el Estado español, nunca se puede dar por descontada, ya que atenta gravemente contra la calidad democrática de los países, su economía, la cohesión social y la seguridad. El curso pasado terminó marcado por la corrupción, tanto del PP como del PSOE, que, como en una carrera de relevos, se van pasando el testigo de la corrupción, ya sea por Gürtel o el caso Cerdán, ya sea por el entorno de Sánchez o por Montoro. El curso nuevo empezará igualmente marcado por la corrupción, tanto del PP como del PSOE, que, como en una carrera de relevos, se irán pasando el testigo de la destrucción del adversario, ya sea por los juicios que deben comenzar o por nuevos casos que surjan.

Puigdemont será la figura clave de este curso

Se ha puesto mucho énfasis en si Sánchez tendrá la capacidad de aprobar presupuestos tal como ha anunciado que pretende hacer. Ciertamente es un factor importante, aunque cada vez más gobiernos intentan tirar por la vía de los presupuestos prorrogados en lugar de votados. Pero, más allá de lo que pueda pactar con Sumar —que no tiene alternativa—, o de cómo avance la financiación en Catalunya —acuerdo con ERC cada vez más difícil de cumplir—, me ha sorprendido que no se subraye lo clave: Puigdemont. Esta legislatura arrancó porque se acordó la ley de amnistía. Ley que se ha aprobado, sí; ley que se ha aplicado en parte, sí; pero el principal actor político del acuerdo, el president Puigdemont, continúa en el exilio sin poder volver a casa. Junts per Catalunya advirtió que nos preparáramos para ver cosas que hasta ahora no se habían visto. Ya nos anunciarán de qué se trata. Pero, si la condición —más explícita o menos— es el retorno efectivo del president Puigdemont, me parece totalmente lógica. La política debe ir acompañada de buena gestión. Pero, si solo se hace gestión y no se hace política, no estamos hablando de instituciones, sino de gestorías. Y por encima de mil argumentos presupuestarios que muchos querrán vender, hay un elefante en la habitación: Puigdemont será la figura clave de este curso. El gobierno del Estado depende de los votos de su partido y a su partido no le están cumpliendo los acuerdos. ¿Quién le pedirá responsabilidad —partidos, medios y opinadores— si los inunda la corrupción?

Si levantamos la mirada, veremos que uno de los elementos que marcará el curso político es lo que pase en Francia. El primer ministro francés, François Bayrou, ha decidido someterse a una moción de confianza el próximo 8 de septiembre por un plan de austeridad. El plan consiste en recortar cuarenta y cuatro mil millones a partir de 2026 congelando pensiones, reduciendo salarios y suprimiendo puestos de trabajo públicos; recortes en sanidad, protección social y servicios; eliminando dos días festivos para mejorar la productividad. Francia tiene una deuda pública del 114% del PIB, España del 105%; Francia tiene un déficit público del 5,8% del PIB, España del 3 %; Francia tiene una tasa de paro del 8% y España del 11%, con un paro juvenil del 26%. Alguien debería ir observándolo, sobre todo si se tienen en cuenta algunas de las medidas que se han aprobado recientemente y algunas que se quieren aprobar como condicionante de un sí a los presupuestos de Sánchez: incremento de las pensiones, edad de jubilación, reducción de la jornada laboral… Parece que no han ido bien a la economía francesa durante los últimos años y ahora quieren revertirlas. No les será fácil. En casa de los vecinos se avecinan nubarrones. Y en casa de los más ricos, ¿qué previsiones tienen? ¿Cómo encara el futuro Alemania?

Según su canciller Friedrich Merz, “el estado del bienestar, tal como existe hoy, ya no es sostenible desde el punto de vista financiero”. Y anunció reformas estructurales sin aumentar impuestos a las PYMES —esto de los impuestos a las PYMES en España deberían escucharlo bien. Merz debatirá sobre el futuro del estado del bienestar con sus socios de gobierno de coalición, los socialdemócratas —impensable esto en España—, en un país donde la deuda pública es del 63 % del PIB, el déficit del 2,7 % y el paro del 3,5 %. Si ninguna de estas tres cuestiones marca el curso político en España, tendremos problemas. Ya está la corrupción, que es estructural. Pero hay que defender el Estado de derecho frente a quienes quieren incumplir la ley para que el President no regrese. Y el estado del bienestar frente a quienes abusan de él y lo harán insostenible.