La empresa pública Aena, que tiene un valor de capitalización de cerca de 18.000 millones de euros y es propiedad privada en un 49%, vuelve a mover hilos en torno a la ampliación de El Prat, que quedó aplazada en 2021. La campaña actual se pone de relieve a través de dos correas de transmisión: por un lado, la exigencia de los partidos (con el PSOE al frente), que ponen el proyecto sobre mesas de negociación política; y por el otro, la de patronales y grupos de opinión económica, que siguen comprando con facilidad los mensajes que huelen a inversión, a generación de sitios de trabajo y a crecimiento de la actividad, aunque solo descanse en una presentación de PowerPoint del interesado.

Por parte de Aena, la recuperación del pressing viene después de que el 2022 haya sido un buen año en términos de actividad en El Prat. El número de pasajeros este año se situará en torno a los 45 millones, solo un 15% por debajo del año récord que fue el 2019, con 52,5 millones, una cifra que la pandemia había hecho reducir drásticamente a 12,7 millones en el 2020 y 18,9 millones en el 2021. Una vez los vuelos se han recuperado con fuerza y la supuesta saturación del aeropuerto que defiende Aena está más cerca, y con un gobierno de la Generalitat que está en posición de extrema debilidad, resulta oportuno reanudar el tema de la ampliación, con la codiciada ocupación de la Ricarda.

Corresponde a Aena definir un plan para conseguirlo, dando a entender que se podría alargar la pista, pero que el uso real y el aprovechamiento integral que se haría de este alargamiento lo marcaría un plan que se desconoce o que no existe.

El año pasado, cuando el debate estaba bien vivo, escribí diferentes artículos de valoración del proyecto de Aena, y no me repetiré. Al lado de la charla repetitiva que se vuelve a oír sobre la ampliación, ha salido una voz con un posicionamiento que me ha parecido sensato y objetivo, y que en buena parte yo firmaría. Se trata de una nota de la Comisión de Economía Territorial y Urbana (CETU, en adelante) del Colegio de Economistas de Catalunya.

Aparte de algunos tópicos que creo que son cuestionables, como la creencia de que El Prat se tiene que convertir en un hub de conexiones de larga distancia, o bien el potencial de la ciudad aeroportuaria para promover el transporte de mercancías, la CETU pone encima de la mesa consideraciones críticas sobre la ampliación.

En primer lugar, constata que, aunque alargar la pista añadiría capacidad para operar más vuelos de larga distancia estratégicos para el posicionamiento del país y de la ciudad, eso es una condición necesaria, pero no suficiente para ganar vuelos intercontinentales. El porqué no es otro que corresponde a Aena definir un plan para conseguirlo, dando a entender que se podría alargar la pista, pero que el uso real y el aprovechamiento integral que se haría de este alargamiento lo marcaría un plan que se desconoce o que no existe. Y, añado yo, que lo determinaría una empresa con intereses privados que en el ADN lleva obediencia estratégica con respecto a los intereses del aeropuerto de Madrid.

Las decisiones políticas sobre la ampliación no pueden ser resultado de presiones, tienen que responder y ser resultado de una reflexión técnica y compleja.

La CETU también destaca que el proyecto se inserta en un contexto de emergencia climática en que el sector aeroportuario es un protagonista de primer orden, de modo que no se puede contemplar la ampliación sin considerar que el ferrocarril de alta velocidad es muy competitivo con respecto al transporte aéreo de corto radio. Tampoco se puede salir adelante si no se resuelve la intermodalidad avión/tren.

Sin embargo, donde más énfasis pone la CETU es en la necesidad que la ampliación se aborde a partir de aproximaciones técnicas y expertas. Solo sobre la base de cuantificar externalidades y de aflorar balances positivos y negativos de diferentes escenarios, será posible que las administraciones públicas implicadas puedan decidir. Justamente, y eso también lo añado yo, todo lo contrario que hace Aena, arropada por instituciones que presionan en favor de la ampliación, descansando en información parcial y sesgada. Al fin y al cabo, para decirlo corto y raso, las decisiones políticas sobre la ampliación no pueden ser resultado de presiones, tienen que responder y ser resultado de una reflexión técnica y compleja.

La CETU también es crítica con la estrategia de Aena de jugar con los tempos, a la vez que cuestiona el prestigio de la empresa a raíz de incumplimientos de compromisos pasados con El Prat. Y remacha el clavo reclamando que, de manera constructiva, se avance decididamente para hacer frente a las carencias El Prat y a su modelo de gestión.

En este último sentido, y eso lo digo yo, resulta útil recordar que las peticiones catalanas del traspaso de la gestión (en el ya lejano 2007) han caído en el olvido de todos, incluidos aquellos que defienden la ampliación, que aceptan resignadamente que El Prat (una máquina de ganar dinero) se gestione de manera centralizada. Eso sí, con el detallito de incorporar al nombre del aeropuerto el de un expresidente de la Generalitat.