Pedro Sánchez llega tocado al aniversario de los siete años. Ha superado a Rajoy, está a un año de igualar a Aznar y aunque los socios no ven cerca el fin, la tensión se materializa en varias crisis tangibles acumuladas. La investidura llegó con la rabia visceral de la derecha porque en esa votación estaban todos los elementos contrarios a su actual naturaleza. Izquierda, nacionalismo, independentismo y el propio Sánchez. La oposición y el carácter del presidente han conseguido despertar una ira polarizante y peligrosa contra él. No lo ha tenido fácil y hay argumentos de sobra para criticar la debilidad penal de las causas que afectan a su mujer y su hermano. Ambas terminarán en el banquillo. Y aunque cuesta imaginar a una Sala de tres magistrados confirmando una futura condena con los mimbres actuales, los artefactos judiciales están diseñados para la duración de la legislatura y van causando estragos.
El problema real del ejecutivo se llama caso Koldo y dentro hay el turbio papel de Leire Díez. El PSOE no está siendo capaz de dimensionar el tamaño de la crisis. A una semana del estallido, no hay respuesta de partido ni de gobierno. Quieren saber la verdad —dicen— y la militante todavía no ha sido citada a declarar en Ferraz. Lo harán esta semana probablemente, pero cada día desgasta. Además de que el expediente informativo no implica sanciones, ni consecuencias inmediatas. En Ferraz creen que el silencio les protege y solo amplifica el ruido. La falta de expulsión de la concejal indica que no hay cortafuegos. Y si no lo hay, deja abierta la duda de que al igual no pueden ponerlo.
Feijóo, instalado en la acción política de derribar a Sánchez, no coge vuelo
Hay un apagón en la iniciativa del Gobierno. Que fuera Junts quien hace una semana exigiera la presentación de presupuestos visualiza cómo ha perdido gran parte del control de la iniciativa legislativa y del estado de opinión. Paradójicamente, la agenda que más daño ha hecho a Sánchez es la que puede salvarle a corto plazo. La ponencia del Constitucional es contundente en sus conclusiones. La primera ley de Amnistía en democracia será constitucional, no arbitraria y un paso necesario para superar las tensiones en Cataluña y las consecuencias del procés. Los fines se hacen por un motivo político legítimo, legal y jurídicamente razonable. Un encaje constitucional que, a falta de la deliberación y el fallo, deja al PP con un raca raca que solo le desgasta en la construcción de la alternativa.
Ante la parálisis ejecutiva está la falta de aciertos de la oposición. Alberto Núñez Feijóo, instalado en la acción política de derribar a Sánchez, no coge vuelo. Convocar la manifestación del próximo domingo sin la iniciativa parlamentaria de la moción de censura alienta a los cuadros de VOX —ya en la calle— y contradice su argumentario. Si la democracia está en jaque, solo la moción es coherente. Dejarlo en un paseo por la plaza de Colón es un reloaded de lo que viene haciendo los últimos dos años. Al PP las encuestas le arrojan una pregunta. ¿Tanta hipérbole para qué? Feijóo no destaca como líder de la oposición ni es capaz de visualizar la alternativa de gobierno. La moción forzaría a Sánchez a responder por la cloaca de su militante Leire Díez. Pero también asume un riesgo que Feijóo teme. Su oferta de adelanto electoral pasa por conseguir mayoría absoluta o un pacto con la ultraderecha, una terna que genera anticuerpos en la totalidad del arco parlamentario. El PP no quiere repetir su julio negro de 2023, reflejado en la soledad parlamentaria que le acompaña. Por eso el fin de temporada acumulará todas las tensiones, pero es muy difícil que haga saltar ningún disparador definitivo en las tres semanas que quedan de plenos.