No queremos ser un país excluyente. Es irrefutable que Catalunya ha construido buena parte de su identidad sobre una prodigiosa, casi milagrosa, casi temeraria, capacidad de acogida. Desde antes del siglo XIX industrial hasta las oleadas migratorias del siglo XX (mitad salvación personal, mitad ingeniería social) y hasta las llegadas más recientes de América Latina, el Magreb o Europa del Este, el país ha ido contando también con gente venida de todas partes. No como una concesión magnánima, sino como una vocación de crecimiento ilimitado y una creencia (quizá excesiva) en la propia fortaleza cultural. Pero, sobre todo, como una manera de entenderse a sí mismo: no es que la identidad pueda complementarse con otras identidades; es que buena parte de la identidad catalana, de su manera histórica de hacer, consiste precisamente en complementarse con ellas y enriquecerse.
No queremos ser, tampoco, un país sin condiciones. La idea de integración o de “un solo pueblo” cristalizó en una fórmula política pujoliana que todavía resulta válida: “Es catalán quien vive y trabaja en Catalunya… y quiere serlo”. Una, dos y tres condiciones (la tercera, con cierta forma de adenda o matiz) pretendían indicar una política de ius soli, no de ius sanguinis, y en nuestro caso incluso de ius linguae (la lengua como pasaporte extraoficial). Una nación moderna y de proyecto, no de origen, basada en la adscripción cultural. Esa ha sido, probablemente, una de las grandes fortalezas del país: una identidad exigente pero no excluyente, que pide adhesión cívica y convivencia, no genealogía. Ahora bien, esto exige un cumplimiento de condiciones. La acogida no puede ser un automatismo ilimitado. Ninguna sociedad es una entidad abstracta sin capacidad de carga. Hay escuelas, vivienda, servicios sanitarios, mercado laboral, cohesión lingüística, tradiciones, valores, identidad. Probablemente habrá que prohibir el velo y el burka en espacios públicos, porque creo que el consenso sobre el tema (poniendo en valor los derechos de las mujeres) empieza a existir. No solo hay una economía concreta con unas dimensiones determinadas: tiene que haber un tronco mínimo básico de consenso. De decir estas cosas obvias a cruzar la línea del racismo no hay una línea fina: hay un trazo grueso y perfectamente identificable.
Porque no queremos ser un país intolerante. Cuando algunos partidos plantean discursos abiertamente racistas, basados en el miedo o en la jerarquización de personas según su origen, hay que decir sin rodeos que eso no tiene nada que ver con la tradición catalana, ni siquiera con la tan alegada “civilización occidental”. La catalanidad, entendida como proyecto cívico, no se caracteriza por excluir simplemente por raza, origen, religión o cultura. Para entendernos, podemos tener un alcalde musulmán como en Nueva York, pero no creo que podamos permitirnos que su esposa lleve velo en todas partes. Todo lo que digo sobre la apertura, por tanto, es compatible con debatir límites, ritmos y modelo. En ámbitos políticos muy diversos, ya se habla de exámenes de integración o de compromiso cívico para acceder a la nacionalidad. La pregunta de fondo no es si hay que acoger —la respuesta es que sí—, sino en qué condiciones y en función de qué horizonte colectivo. Incluir ordenadamente, con derechos y deberes claros, con exigencia de una mínima participación real, no es excluir de entrada. Es tomarse en serio la comunidad que se quiere construir y, si es necesario, entonces excluir. Pero no de partida.
En las circunstancias actuales, lo que debemos preguntarnos no es qué queremos ser, sino más bien qué necesitamos ahora para simplemente sobrevivir
No queremos ser, por cierto, un país basado en la mano de obra barata. Este debate es aún más decisivo, y hasta ahora había quedado demasiado en segundo plano: el modelo productivo. Cuando se habla de competencias en inmigración, la conversación tiende a centrarse en la gestión administrativa (cuotas, permisos, regularizaciones…). Pero la cuestión esencial es previa: ¿qué economía queremos? Una economía basada en sectores de baja productividad y salarios bajos genera una demanda estructural de mano de obra abundante y vulnerable (y un país poco reconocible). Una economía orientada al alto valor añadido, en cambio, plantea necesidades distintas. Decidir sobre inmigración sin decidir sobre modelo productivo es, en el fondo, no decidir nada. Es dejar que el mercado (o la inercia, es decir, España) determine el volumen y el perfil de la población. Si algún día Catalunya dispone de mayor capacidad para ordenar los flujos, deberá afrontar esta pregunta con madurez: ¿qué dimensión demográfica es sostenible? ¿Qué equilibrio territorial queremos? ¿Qué sectores priorizamos?
No queremos ser, ante todo, un país ocupado. Y esta es la madre del cordero, que es un cordero totalmente distinto a las angustias de comunidades con Estado propio. Suiza, por ejemplo, ha sometido a votación límites poblacionales. Se puede discutir el acierto o no de cada propuesta concreta, pero lo relevante es que el debate se plantea en términos de capacidad y proyecto, de soberanía. No necesariamente de identidad étnica o geográfica. Ponerse un límite no convierte automáticamente a una sociedad en excluyente: lo que la hace excluyente es discriminar a las personas por lo que son, y nuestro drama particular es que somos discriminados en España por el hecho de ser catalanes (y, sobre todo, si somos independentistas). Nuestra innegable condición de país ocupado, especialmente visible tras el 1-O, hace que tengamos que velar tanto por las condiciones de convivencia con los recién llegados (sin tener las competencias para hacerlo) como por las condiciones de “convivencia” con los ocupantes, es decir, las instituciones españolas y el poder que siguen ejerciendo sobre nosotros: sobre eso no solo no tenemos competencias, porque no hemos sabido ganar la soberanía necesaria, sino que además estamos vigilados y explícitamente castigados como territorio díscolo. De ahí nuestra hipersensibilidad singular con el tema: nos va mucho más la vida en ello, porque estamos en medio de un colosal sándwich.
No queremos ser nada más que lo que queramos ser. De hecho, si se trata de querer, queremos ser un país inclusivo, pero con unas mínimas condiciones. Punto. Lo que ocurre es que ser un país soberano significa poder establecer reglas, límites y prioridades, más o menos flexibles, pero con un criterio totalmente genuino y propio (y justificado, y justificable). Lo que sucede es que ahora, en las circunstancias actuales, lo que debemos preguntarnos no es qué queremos ser, sino más bien qué necesitamos ahora para simplemente sobrevivir. Y no podemos equivocarnos: podemos desaparecer tanto por ser demasiado laxos e ingenuos, como por ser demasiado insensibles, paranoicos y brutos.