La denuncia que ha sido presentada mediante la acción pública por la Sociedad de Aguas de Barcelona contra la alcaldesa de la ciudad condal y uno de sus concejales abre un debate que va más allá de la prevaricación que pueda ser identificada en la municipalización de este suministro energético. Incluso va más allá del amiguismo, también prevaricador, que pueda detectarse en las ayudas concedidas a organismos de todo tipo en los que, solamente casualmente, se encuentren contratados antiguos colaboradores de la alcaldesa o de forma directa personas que la sustituyeron en su antigua dedicación laboral en el Observatori DESC. El problema, según mi opinión, no es la anécdota de una gobernante más o menos caprichosa y arbitraria en la distribución del dinero que los poderes públicos manejan y que son fruto del esfuerzo de la ciudadanía, que también. El problema es estructural y se llama subvención, porque en el fondo la pregunta es sobre el orden de los factores: si va primero la voluntad de abrir camino con una idea o actividad que después necesita ayuda o empezamos por el convencimiento de que con esta o aquella asociación se encontrará dinero para vivir porque le vienen asociadas las subvenciones en un histórico que se pierde en los sucesivos gobiernos de todos los colores políticos.

El problema no es la anécdota de una gobernante más o menos caprichosa y arbitraria en la distribución del dinero que los poderes públicos manejan. El problema es estructural y se llama subvención

La subvención se ha convertido en regla general. Por eso, cuando se habla de sistemas neoliberales respecto de países como Estados Unidos, España, Francia o Gran Bretaña en aquellos momentos en que se encuentran en manos de políticos más de derechas, tan sólo se está diciendo que el volumen de las subvenciones, en todo caso, se reduce. Pero las subvenciones nunca desaparecen. Y hay de todo tipo: a medios de comunicación, asociaciones y organismos diversos, estén o no en sintonía con las ideas de quien gobierna. De hecho, el dinero que ahora parece haber dado en abundancia Colau al DESC ya se daba en la época en que Trias era el alcalde y ella una trabajadora de aquel instituto. En eso la alcaldesa tiene razón, la cuestión ya nos viene de lejos. Cuando se la denuncia por su preferencia hacia un tipo de entidad u otra que le es más próxima, en el fondo solo se critica que no son afines el denunciante o que directamente contradicen sus intereses. Quizás en algún caso la justificación de la subvención es tan precaria que deviene presupuesto fáctico para un delito de prevaricación. Pero esta consiste en dictar una resolución en la conciencia que es injusta. Quizás nos tendríamos que empezar a preguntar si la injusticia no radica en la subvención, sea para quien sea. ¿Quién dice que el sistema no funcionaría mejor si el poder sencillamente facilitara las oportunidades para competir y cultivara el criterio de las personas para decidir? Creo que eso se llama libertad.

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