A remolque del procés independentista, la España política se encuentra de hace años instalada en un estado de sitio judicial. No sólo judicial en el sentido estricto (conflictos que resuelven los jueces), sino también pseudojudicial. El caso más flagrante es el del Tribunal de Cuentas, un organismo formado por no juristas dedicado a fiscalizar las cuentas y la gestión económica del sector público estatal, con capacidad sancionadora. Le dediqué un artículo en el 2019, cuando sancionaron millonariamente, de manera "ejemplarizante" y sacándose conejos de la chistera, a Artur Mas, Francesc Homs, Joana Ortega y Irene Rigau con motivo de la consulta del 9-N del 2014.

El falso tribunal en cuestión no ha parado de trabajar en este tiempo hasta llegar a los días actuales con una causa contra exmiembros del Govern de la Generalitat por los gastos que entre 2011 y 2017 se destinaron a la acción exterior. Han rellenado 18.000 páginas de documentación y concretan el "despilfarro" (y el procedimiento sancionador) del gobierno en cerca de 5 millones que se concretarán de arranque, si la cosa no se tuerce, en una sanción anticipada de embargo de propiedades, ingresos y cuentas bancarias de los implicados. Eso, sin juicio.

La embestida al procés catalán tiene en este caso caras conocidas como las de los economistas Andreu Mas-Colell (uno de los más prestigiosos del mundo) o Albert Carreras, ambos catedráticos de la UPF y ex-máximos responsables del departamento de Economía, que es por lo que se les persigue. Ambos son, al mismo tiempo, miembros del Colegio de Economistas, el primero como colegiado de honor y el segundo un miembro activo de la Comisió d'Economia Catalana.

Otro economista relevante de la UPF, Guillem López Casasnovas, en un artículo en El Punt Avui de 7 de septiembre de 2019 ponía el dedo en la llaga del Tribunal de Cuentas con una descripción precisa, memorable e indignada en que no escatima adjetivos: nepotismo, cementerio de elefantes, refugio de nombramientos políticos, un gentío cobrando sueldos generosos, inacción, secretarias y chóferes, corruptelas. Para acabar con las ganas de pagar impuestos...

El mal denominado tribunal acostumbra a eximir de culpabilidad a los amigos (son famosos los casos de Ana Botella, del exalcalde de Vitoria, el Sr. Maroto, o el silencio en torno al fraude a los ERE en Andalucía), pero con los catalanes saca punta al lápiz y actúa de manera implacable, como acostumbra a pasar. De momento ataca de cuajo la economía personal de los implicados, y cuandoquiera que se imparta justicia, seguramente en Europa pasados muchos años, habrá arruinado a muchos.

Esta institución que imparte falsa justicia de manera selectiva y arbitraria costará a los españoles la cifra de 69,5 millones de euros este año 2021. En términos de contribución catalana al Estado esta "minucia" se paga en un día y medio de déficit fiscal. El grueso del presupuesto de este año son los gastos de personal, que asciende a 61,6 millones.

El Tribunal tenía a 31 de diciembre de 2020 con una plantilla de 712 empleados. El coste medio por empleado en el 2020 se situó un poco por encima de los 77.000 euros, lo cual viene a representar un sueldo medio de más de 58.000 por persona. No todos cobran eso. La cúpula de la organización, miembros escogidos por el PP y por el PSOE en el Congreso y en el Senado, con cargos casi vitalicios, cobra más. En el 2021 el sueldo del presidente y de los consejeros que conforman el pleno (12 miembros) es de 123.267,62 euros... por persona y año, claro.

En España la unidad no se toca, igual que pasa en la China comunista. El instrumento histórico y reciente por excelencia ha sido una justicia de jueces muy formados pero con severas carencias de imparcialidad y una sed subjetiva de venganza. Con el Tribunal de Cuentas, con todo el amparo legal, el Estado tiene un instrumento en manos de expolíticos y parentela, capaz de arruinar a familias de manera discrecional.

A unos y otros (cúpula judicial y cúpula de cuentas públicas) lo que les importa es aplicar el escarmiento a los que podrían poner en peligro la unidad del Estado, un bien de carácter superior y valor infinito. Con unas convicciones tan arraigadas y en la etapa final de sus vidas laborales, el desprestigio personal de lo que hacen todos juntos les importa, literalmente, un pepino.

¿Y por eso pagamos impuestos?

Modest Guinjoan, economista.