En mi anterior artículo hacía referencia a la cúpula judicial española como instrumento para aplacar el movimiento independentista catalán. El segundo tipo de tribunal que ha estado (y estará) extremadamente activo es el Tribunal de Cuentas.
Este es un tribunal básicamente económico, contable, para ser más precisos. Es el máximo órgano para fiscalizar las cuentas y la gestión económica del sector público estatal. Sus juicios se hacen dentro de la jurisdicción contable. Lo designa las Cortes Generales. El pleno está formado por 12 miembros (6 propuestos por el Congreso y 6 por el Senado) y un fiscal (que depende del fiscal general del Estado). Los miembros nombrados lo son por 9 años.
El Tribunal ha sido repetidamente denunciado en algunos medios de comunicación por ser refugio de expolíticos y de nepotismo. Se encuentran trabajando y cobrando unos sueldos considerables (media de 3.000 euros netos mensuales) exministros, sus amigos y algún sindicalista, junto con una multitud de familiares, parientes y conocidos. En total más de 700 empleados, de los cuales más de 100 son, sencillamente, "enchufados", algunos de los cuales ocupan buenas poltronas en su retirada de la escena de la política. Un presupuesto de más de 60 millones de euros anuales, secretarias y chóferes en abundancia, con la privilegiada misión de velar por la legalidad, eficiencia y economía de los programas de ingresos y gastos públicos.
Los vicios institucionales de nepotismo y el hecho de ser un cementerio de elefantes no son una buena tarjeta de presentación. Pero lo peor es su politización. Como en el caso de la cúpula judicial española, el Tribunal de Cuentas no es un órgano imparcial, sino que tiene entre otros sesgos ser de un españolismo monolítico, una característica que no es de extrañar viniendo de donde vienen los nombramientos de sus consejeros.
El Tribunal de Cuentas tiene independencia funcional y adscripción ideológica, lo cual lo convierte en un poder paralelo interno del Estado
El tribunal en cuestión tiene independencia funcional. Eso, que sobre el papel es un atributo altamente positivo, en la práctica se convierte en un defecto gravísimo si, como pasa en este caso, el tribunal no es imparcial sino que está contaminado. Entonces tiene independencia funcional y adscripción ideológica, lo cual lo convierte en un poder paralelo interno del Estado. La percepción que tengo es la misma que con la cúpula judicial española: cuando llegan asuntos que ponen en entredicho la unidad de España, la animosidad contra los díscolos entra en acción de la manera más descarnada. Y si, como pasa en algún caso, sus actuaciones vienen amparadas por la Fiscalía General del Estado, la animosidad todavía tiene más salvaguardias. Como decía un político catalán, se pasa de tribunal de cuentas a "tribunal de ajustar cuentas" y se pueden permitir incluso "ir de caza de personajes concretos", con toda la cobertura del Estado.
Así, este tribunal se ha excitado y se ha activado mucho con motivo del movimiento independentista catalán, en la misión de perseguir el uso de dinero público que se pueda asociar al procés. Como en el caso del Constitucional y del Supremo, la animosidad contra el catalanismo es flagrante. Es el mejor ejemplo las sanciones a Artur Mas, Francesc Homs, Joana Ortega y Irene Rigau por la celebración de la consulta del 9 de noviembre del 2014: 5 millones de euros por, entre otros conceptos, la compra de 7.000 ordenadores portátiles para escuelas, y que se utilizaron el día de la votación. Los ordenadores, después, no se los llevaron los condenados, se quedaron en las escuelas, lógicamente.
Como es conocido, una de las características de las actuaciones de este tipo de "tribunal" es que cuando se redacta un acta de liquidación provisional hay que aportar fianzas, de lo contrario te embargan la propiedad, que es lo que pasó. Después la "sentencia" contable se ha hecho firme por parte del mismo tribunal, aunque la justicia ordinaria había dictaminado que no había habido malversación de fondos.
Ahora el tribunal en cuestión está destinando su mejor energía a perseguir a Puigdemont y Junqueras, entre otros encausados, por gastos que se relacionan con el 1-O. No duden de que lo conseguirán, aunque sea a base de asignar valor de alquiler a las escuelas donde se votó, como si fueran locales de alquiler todos los domingos del año. Por cierto, en el capítulo persecutorio está latente la demanda de cargarles también el coste del desplazamiento y estancia de los piolines, los mismos que nos zurraron el 1-O...
En cambio, a este tribunal tan quisquilloso no se le conocen movimientos para pedir cuentas en el reciente caso del fraude de los ERE andaluces de 700 millones de euros. Y sí que se le conoce la revocación de la condena que había dictado el mismo tribunal a Ana Botella, mujer de José María Aznar, de 22,7 millones de euros porque cuando era alcaldesa de Madrid vendió irregularmente inmuebles de protección pública.
Como de la Audiencia, el Constitucional, el Supremo y tutti quanti, del Tribunal de Cuentas esperamos un tsunami de sentencias contra la economía personal de los implicados en el procés. Contra estas, un tsunami de dignidad y de democracia.