La decisión del juez Carlos Ramos, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), de abrir juicio oral a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, es un paso decisivo y trascendental en el duro pulso que mantiene la dirigente independentista con la justicia española y que más pronto que tarde la apartará, al menos, de la política institucional. Se abre ahora, previsiblemente, un período incierto de horas o de muy pocos días en el que la Mesa del Parlament tendrá que dilucidar si la suspende de sus funciones con carácter inmediato, como indica el artículo 25.4 del Reglamento de la Cámara o si envía su caso a la comisión del estatuto del diputado, hipótesis esta última que a estas alturas parece improbable, dada la correlación de fuerzas políticas en el Parlament y el posicionamiento que han ido adoptando los grupos políticos en las horas posteriores a que se le notificara la apertura de juicio oral.

La presidenta Borràs no ha cambiado su postura después de que el juez Carlos Ramos haya emitido el auto y se mantiene en su posición de no dimitir del cargo que ocupa desde marzo del pasado año en que fue escogida en segunda votación con el apoyo de Esquerra y de Junts, en cumplimiento del acuerdo implícito entre ambos partidos por el cual el primer partido independentista facilitaba sus votos al segundo para acceder a la presidencia del Parlament y, a cambio, se reservaba la capacidad de negociar la presidencia de la Generalitat. Por los dos delitos por los que va a ser juzgada, prevaricación y falsedad documental, la Fiscalía del TSJC le pide 6 años de prisión y 21 de inhabilitación al haberse acogido a la franja más alta de condena que establece el Código Penal.

Mucho se ha hablado y se ha escrito estos meses sobre la consistencia de los delitos de los que se la acusa en su etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes y la posición política de Borràs, que defiende su inocencia y sostiene que estamos ante un caso de persecución política, de lawfare. Siempre he denunciado la injerencia de la justicia en la situación política en Catalunya durante los últimos años y cómo por razones espurias se forzó la dimisión del president de la Generalitat, Quim Torra, en septiembre de 2020 por colgar unas pancartas en el Palau de la Generalitat, cómo antes se había suspendido el Govern de la Generalitat en aplicación del 155 y forzado la salida hacia el exilio del president Carles Puigdemont en octubre de 2017, o la persecución del president Artur Mas y del alcalde Xavier Trias de la que ahora, además, tenemos pruebas documentales en formato de audios grabados por el comisario Villarejo.

Eso por no hablar de la larga lista de represaliados que Òmnium ha cifrado en más de 4.000 personas. Confianza en la justicia española cuando aborda cuestiones relativas al independentismo, cero. La exageración en la petición de condena a Borràs es una prueba más del grado de ensañamiento cuando se trata de juzgar a un dirigente independentista. A ello hemos de añadir la presunción de inocencia, con la que cuenta la presidenta del Parlament igual que cualquier otro ciudadano. Dicho eso, el caso de Borràs, el fraccionamiento de las facturas y la adjudicación que realizó a un conocido suyo no es solamente una irregularidad administrativa. Encontrar el punto en que la institución no se vea perjudicada es la obligación de todos los partidos, también de Junts, por más que el resto de fuerzas políticas hagan un uso partidista de la situación de la presidenta del Parlament.