Cada dos viernes remito a Elnacional.cat un artículo de opinión sobre la actualidad, con la idea de publicarlo al día siguiente. A menudo tengo claro, desde días antes, el tema del que quiero hablar. Otras veces, como esta última, me surgen más dudas. Este pasado jueves desplegaba mentalmente, sin acabar de decidirme, un abanico relativamente completo de candidatos: podría hablar de la huelga de jueces prevista para la próxima semana contra la Ley Bolaños que pretende abrir más a la sociedad los mecanismos para acceder a la función de juez. Si hubiera escogido este tema seguro que habría puesto el foco en una curiosa y esclarecedora estadística: las huelgas o protestas de los jueces aumentan exponencialmente cuando el gobierno central es de un determinado color político, digamos ubicado menos hacia la extrema derecha. Pero, acto seguido, me preguntaba: ¿interesará lo suficiente, este tema, a la gente? Podría enriquecerlo, eso es cierto, con una noticia conexa: la posible apertura, precisamente esta semana, contra el mismo ministro Bolaños y por el mismo juez que lleva el caso contra la mujer de Sánchez —¡qué casualidades que tiene la vida, ciertamente!— de una causa penal. Aquí trataría, sin duda, de las más poderosas Armas de Destrucción Jurídica —ADJ— que ha ideado recientemente el poder judicial español, las "piezas separadas" que, de la nada, pueden emanar de cualquier causa y proyectarse contra quien sea, cuando sea y por el motivo que sea. "Esta idea para el artículo es buena", me decía a mí mismo, pero la dejaré para otro día. Quizás para después de la huelga.

Otro candidato muy bien posicionado de tema para el artículo era, evidentemente, la convalidación sustancial, por parte del Constitucional, este mismo jueves, de la ley de amnistía. Aquí habría hablado de la previsibilidad de esta decisión —vista la actual mayoría "progresista" que reina en este mal llamado "tribunal"—, de la razonabilidad, también, de la inconstitucionalidad apreciada respecto de algunos aspectos menores de la ley y, en último lugar, de la relativa irrelevancia de esta decisión respecto a los casos más mediáticos que todos tenemos en la cabeza —Puigdemont y compañía—, a quienes no les llegará el momento clave hasta que el mismo Constitucional no resuelva, dentro de unos meses, los recursos de amparo que seguro que formularán contra las inquietantes interpretaciones que sobre la ley de amnistía ha hecho, hasta ahora, el Supremo. Sin embargo, de repente, me preguntaba si no se cansarían mis esforzados lectores si les hablaba, una vez más —¡otra!—, de la amnistía. "¿Me estaré estancando como articulista?", me decía. Dejémoslo correr.

Seguramente por eso, últimamente he ampliado los horizontes y he visto que hay vida más allá de la amnistía. Hay vida, por ejemplo —aunque parezca imposible—, en los Monegros. Es allí, y en ningún sitio más, donde se eleva, majestuoso, el Monasterio de Sijena, donde tienen que volver, Supremo dixit, las ya famosas pinturas de Sijena. Sorprendentemente, parece que el MNAC no acudirá, como podría hacerlo, al Constitucional para alegar la vulneración durante el procedimiento de algún derecho procesal en materia de prueba. De momento, se ha escenificado un toma y daca: se monta, primero, un grupo de expertos para abordar cómo diantres se hace la entrega sin aniquilar las obras; se excluye, después, del orden del día, el punto esencial de si es imposible entregarlas; y se retiran del grupo, acto seguido, los técnicos de la parte de Aragón, ofendidos por un escrito presentado por el MNAC en el juzgado que expone las dificultades o imposibilidades técnicas a las que se enfrenta para cumplir la sentencia. Ayer mismo, Aragón presentó ya —el primer día que podía hacerlo; tienen prisa, parece— la demanda de ejecución forzosa. Van fuertes: piden que se advierta de desobediencia si el MNAC no cumple y que se le impongan multas. Habrá que seguirlo, todo eso, de bien cerca. También si se inician otras vías procesales: la que parece que abrirán algunos ciudadanos ante el Constitucional por entender que se ha vulnerado su derecho a disfrutar de las obras o, también, la vía penal por la posible comisión de un delito de daños al patrimonio histórico. Pero, mirándolo bien, todavía no se ha incoado, ni siquiera, la ejecución. Ya lo podré analizar más adelante, todo eso. Además, el último artículo ya trataba sobre Sijena y podría recibir un toque de atención.

A la creciente incapacidad de las instancias ordinarias para resolver de manera competente y convincente sus problemas, se suma la voracidad del mismo poder judicial, que tiende a autoinvitarse al baile de la vida política y social

La situación empezaba a ser dramática. Ya había descartado muchos temas: la huelga de jueces, la pieza separada Bolaños, la amnistía y Sixena. No me quedaban muchos. Otro candidato potencial sería la OPA hostil del BBVA hacia el Banco de Sabadell y la maniobra del gobierno central para frenar el avance. Es cierto que la economía no es mi especialidad, pero este tema, como todos los temas, tiene una vertiente jurídica: el BBVA tiene la posibilidad, si lo considera pertinente, de acudir a la justicia para que se revisen las condiciones que le ha impuesto el Gobierno. Pero, mirándolo bien, me dije de nuevo, más vale que no me meta en este terreno ignoto. Demasiado peligroso.

El drama se había consumado: viernes por la mañana, y no tenía tema para el artículo. Tenía que enviar uno, sin embargo. No me gusta incumplir los contratos. De sopetón —ahora llega, claro está, el giro de guion inesperado tan esperado— me di cuenta de que había tenido desde un inicio el tema delante de mis narices: ¿qué hilo conductor tienen todos los temas finalmente descartados? Pues la judicialización. La judicialización de la política, en el caso de la amnistía o de las causas que afectan a políticos. La judicialización, incluso, del arte, como pasa en el caso Sijena. Y, quién sabe si, quizás, también la judicialización de la banca, si el BBVA decide acudir a los tribunales. Estamos rodeados de una judicialización al mismo tiempo permanente, omnisciente y delirante —asfixiante, diría— que creo que hay que empezar a llamar —sí, es un nuevo concepto de invención propia— "judicialización de la vida". A la creciente incapacidad de las instancias ordinarias para resolver de manera competente y convincente sus problemas —con la consecuencia de trasladar a los juzgados muchas de las decisiones que tendrían que tomar ellas, sin ninguna garantía, claro está, de que la decisión final, la judicial, sea más acertada ni adecuada—, se suma la voracidad del mismo poder judicial, que, de oficio, por decisión propia, y no siempre imparcialmente, tiende a autoinvitarse al baile de la vida política y social cuando cree, a menudo equivocadamente, que tiene que intervenir. No hace falta decir que el efecto acumulado de estas dos fuentes de alimentación de la bestia judicial es brutal y aniquilador en términos democráticos. Muy preocupante todo, sin duda, sin embargo, como mínimo, he encontrado, finalmente, un tema para el artículo: la actual palpitación del tiempo, una desmesurada y absurda judicialización de la vida, de nuestras vidas. Que Dios nos coja confesados.